Marruecos lleva días sin aceptar el retorno forzoso de cientos de sus nacionales que aún permanecen en Ceuta después de la entrada masiva por mar entre el 17 y el 19 de mayo. Tras incentivar la llegada de más de 9.000 personas a la ciudad autónoma, Rabat facilitó la devolución y el retorno voluntario de la inmensa mayoría, pero desde mediados de la semana pasada se han multiplicado los obstáculos para ejecutar expulsiones, según fuentes policiales. Rabat sigue aceptando el regreso voluntario de sus nacionales, pero la inmensa mayoría de los que quisieron volver ya lo han hecho y este perfil es cada vez menos numeroso.
La falta de colaboración de las autoridades marroquíes complica que Ceuta, completamente desbordada, recupere la normalidad. En la ciudad autónoma aún quedan, según fuentes policiales, entre 700 y 1.000 marroquíes sin identificar, además de un millar de menores de edad acogidos en cuatro instalaciones de emergencia.
El bloqueo marroquí es interpretado como una nueva medida de presión, y preocupa a las autoridades locales y también a Madrid, que intenta sin éxito que Rabat vuelva a cooperar. “Hemos mantenido contactos a varios niveles para desbloquear esta situación y reencauzar las relaciones”, aseguran fuentes del Ministerio del Interior.
Durante una semana Marruecos sí colaboró en revertir el impacto de la crisis, y acordó con España que abriría su frontera cada dos horas para aceptar la expulsión de grupos de 40 personas. Para lograr esos cupos, las fuerzas de seguridad españolas impulsaron desde la noche del miércoles 19 multitud de batidas policiales para detener al mayor número posible de inmigrantes.
Esta fórmula facilitó la expulsión de cientos de personas, según fuentes conocedoras del operativo, pero ya desde el martes pasado las autoridades españolas asumieron que ese ritmo caería en picado. Por un lado, porque tras varios días en los que se ejecutaron cientos de devoluciones en caliente, esos retornos forzosos debían comenzar a realizarse con la apertura de expedientes de expulsión, un procedimiento legal que requiere papeleo y garantías. Y, por el otro, porque Marruecos ya empezaba a mostrar menos disposición. Lo demostró al impedir la reagrupación de una niña con sus padres que aguardan al otro lado de la frontera y al comenzar a frenar incluso las salidas voluntarias de todos aquellos que no demostrasen que habían entrado durante los días críticos de la crisis como era el caso de trabajadores transfronterizos que llevaban más de un año bloqueados en Ceuta.
Mientras que España busca un plan b, cientos de marroquíes —adultos y menores— continúan escondidos en casas, bosques, playas y en algunas infraestructuras estratégicas de la ciudad. El puerto es, ahora, la mayor preocupación, porque ha atraído a decenas de personas en busca de una oportunidad para introducirse en los ferris o en camiones que se embarcan rumbo a la Península. Los intentos de entrar como polizones son muy peligrosos y, además, han forzado la paralización del tráfico portuario en varias ocasiones.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, sugirió este lunes que habría que esperar al martes para ver si Marruecos mantenía el pulso en la frontera. Mateos se refería a un posible cambio de actitud de Rabat, una vez que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, cuya acogida en España precipitó la crisis, declarase por viodeoconferencia en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La insinuación de la delegada, sin embargo, se produjo solo unas horas antes de que el ministerio de Exteriores marroquí, Naser Burita, elevase el tono del conflicto diplomático. Burita aseguró en un comunicado que el desencuentro con España no empezó con la entrada de Gali, ni acabará con su salida y que “el fondo de la crisis” es la postura española respecto a la soberanía del Sahara Occidental. El presidente Pedro Sánchez calificó de “inaceptable” que el Gobierno marroquí justifique el “asalto a las fronteras españolas” por “desavenencias en política exterior”.
Al bloqueo de Rabat se suman otras complicaciones que, tras dos semanas desde las primeras entradas, siguen sin resolverse. Fuentes gubernamentales mantienen que están “poniendo todos los medios necesarios”, pero la Policía sigue sin contar con un espacio para custodiar, identificar o tramitar expedientes de expulsión. La preocupación por no contar con esta infraestructura se arrastra desde hace días, pero ahora que Marruecos no acepta las expulsiones, obliga a la policía a dejar de nuevo en la calle a todos los inmigrantes que localiza. Tampoco hay un lugar donde puedan hacerse test de covid a los recién llegados y aislar a los que den positivo. Hasta la crisis, era la propia ciudad la que se encargaba de las cuarentenas, pero, dadas las circunstancias, ya ha advertido de que no puede asumirlo más.
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