La normalidad institucional se está consolidando en la histórica fría y tensa relación entre los Gobiernos navarro y vasco. La firma este lunes de un convenio para compartir el sistema electrónico Avantius en los tribunales de Justicia de las dos comunidades se suma al suscrito la pasada semana para intensificar sus vínculos en materia de memoria, víctimas, convivencia y derechos humanos. El deshielo que emprendieron en 2016 la entonces presidenta Uxue Barkos, de Geroa Bai y el lehendakari, Íñigo Urkullu sigue imparable bajo el mandato de la socialista María Chivite. Un acercamiento que genera desconfianza en UPN, la formación mayoritaria de Navarra Suma (con PP y Ciudadanos) que siguen viendo al PNV y a la izquierda abertzale, -dos partidos que apoyan a los gobiernos central y navarro- como los potenciales activadores de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que fija un mecanismo para unir ambas comunidades.
Si en 2016 los responsables del Gobierno vasco y del navarro justificaron la firma de un protocolo de colaboración en 18 áreas como el primer paso para “fijar un cauce de relación permanente”, en esta última semana la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, la consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo y el consejero de Justicia y Políticas Migratorias de la comunidad foral, Eduardo Santos, han explicado que se trata de trabajar, desde el respeto institucional, por el interés común de los ciudadanos. “No es la primera vez que los dos gobiernos sellan convenios”, aseguran desde UPN. “Lo que cuestionamos es que en el convenio de la memoria se obvie el carácter terrorista, nacionalista vasco y de extrema izquierda de ETA. Estamos poniéndonos una venda en los ojos y soslayando cuestiones clave como quién utilizó el terrorismo, para impulsar qué proyecto, y para erradicar qué proyectos políticos”, aseguran en la formación foralista.
Las dos administraciones sí lograron aproximar posiciones durante los mandatos de UPN en algunos asuntos relacionados con la universidad o Euskaltzaindia. En 2009, por ejemplo, el lehendakari Patxi López (PSE) y Miguel Sanz (UPN), firmaron un acuerdo que se circunscribió a la construcción del AVE, el fomento del euskera y las emisiones de Euskal Telebista.
Sin embargo el principal intento de aproximar institucionalmente ambas comunidades se produjo en 1995 debido a la buena química personal entre el entonces presidente socialista navarro, Javier Otano, del PSN y el presidente vasco, del PNV, José Antonio Ardanza, que gobernaba en coalición con los socialistas vascos. Estuvieron a punto de poner en marcha el polémico órgano de coordinación permanente entre ambas comunidades. Los dos presidentes firmaron los respectivos protocolos y estuvieron a un paso de aprobarlo en el Congreso de los Diputados, pero Otano dimitió en medio de acusaciones de corrupción de las que finalmente resultó absuelto y el proyecto se estancó.
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