El gigante cárnico brasileño JBS ha sido el último objetivo de la piratería informática global, después de que a comienzos de semana su filial en Estados Unidos fuera extorsionada mediante un ciberataque que los responsables de la empresa creen originado en Rusia y que obligó a parar parte de la producción en Norteamérica y Australia.
La filial estadounidense de JBS recibió una petición de rescate por parte de “una organización delictiva probablemente radicada en Rusia” después de sufrir un ataque informático que afectó a la cadena de procesamiento en Australia y Norteamérica, según ha informado este martes una portavoz de la Casa Blanca. El hecho de que la confirmación del hecho proceda de la Casa Blanca revela la entidad del ataque, que se produce menos de un mes después de que la acción de piratas informáticos del grupo DarkSide obligara a cerrar temporalmente la red de oleoductos Colonial Pipeline, que abastece el 45% del combustible que consume a la costa este de EE UU.
La portavoz de la Casa Blanca informó de que el Gobierno del presidente Joe Biden ha ofrecido asistencia a JBS, y que el Departamento de Agricultura se mantiene en contacto con los responsables de la empresa, mientras el FBI investiga el incidente y la Agencia para la Ciberseguridad y la Seguridad de Infraestructuras (CISA), en coordinación con el FBI, ofrece apoyo técnico a la compañía. “La Casa Blanca está en contacto directo con el Gobierno ruso sobre este tema, y envía el mensaje de que los Estados responsables no albergan a delincuentes de ransomware”, afirmó la portavoz. Rusia niega servir de base a los piratas de DarkSide.
El ransomware (programa malicioso) es un modus operandi de la ciberdelincuencia que consiste en aprovechar las fallas de seguridad de un sistema informático para bloquearlo y exigir luego un rescate para reanudarlo. Colonial Pipeline, una de las mayores redes de distribución de combustible de EE UU, tuvo que desembolsar 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos para desbloquear sus sistemas, según reconoció la firma. La vulnerabilidad de la empresa llevó la semana pasada al Gobierno de Biden a imponer por primera vez requisitos de ciberseguridad en los oleoductos.
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