Ni la inseguridad ni el combate a la corrupción son las principales preocupaciones en las altas esferas del gobierno de Claudia Sheinbaum; la economía se posiciona como el tema más crítico. Uno de los puntos más delicados dentro de esta agenda es el sistema de pensiones, que se ve amenazado por las crecientes tensiones en las finanzas públicas.
El sistema de Afores, en particular, se ha convertido en un aspecto clave para la administración que busca cuidar los ahorros para el retiro de la población. La falta de avance legislativo en esta área ha generado descontento en Palacio Nacional, especialmente con el cierre del periodo extraordinario de sesiones, haciendo que el tema se extienda hasta el próximo año. El manejo y resguardo de estos recursos es una tarea que involucra tanto a actuarios como a figuras políticas.
En medio de estos retos, se ha comenzado un plan piloto que permite a los “asociados” de plataformas digitales de entrega y transporte contribuir a su seguridad social a través del IMSS. Esto se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio para incluir a diversos grupos laborales en el sistema de pensiones.
Se destaca también el esquema de continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, comúnmente conocido como Modalidad 40. Durante el último año, esta modalidad generó ingresos significativos, alcanzando 27,383 millones de pesos a partir de las contribuciones de 394,871 asegurados. Es particularmente interesante para aquellos que ya no están en una relación laboral y desean mantener su cobertura de seguros y pensiones.
El proceso de inscripción en la Modalidad 40 ha visto cambios importantes, especialmente con la implementación del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO). Este sistema registró 89,486 inscripciones y 111,381 bajas en el último año, lo que refleja un movimiento considerable entre los afiliados. Un análisis revela que entre los inscritos, un 61.6% son hombres con un promedio de edad de 58 años, mientras que las mujeres representan el 38.4% con un promedio de 57 años.
Asimismo, se registraron 125,387 solicitudes de pensión, de las cuales el 10.8% permanecen “en proceso”. Sin embargo, los cambios internos han generado molestias y retrasos, especialmente con la reciente instrucción de verificar bimestralmente los datos de los asegurados, lo cual ha llevado a que muchos derechohabientes expresen su frustración al buscar soluciones.
Este panorama nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer y modernizar el sistema de pensiones en un momento en que las finanzas públicas se convierten en un reto apremiante. La situación actual exige atención urgentemente; no solo se trata de asegurar un futuro digno para los trabajadores, sino de estabilizar el sistema que sirve como columna vertebral de la seguridad social en el país.
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