Minutos antes de que el miércoles Cristiana Chamorro empezara una conferencia virtual para denunciar que Daniel Ortega había inhibido su posibilidad de postularse como candidata presidencial de la oposición en Nicaragua, un contingente de tropas especiales de la policía irrumpió con violencia en su vivienda. El predio, ubicado en la carretera sur en Managua, está refrescado por un frondoso follaje en medio del que alcanzan a verse unas figuras ornamentales construidas con las armas del conflicto armado que la madre de esta mujer, la expresidenta Violeta Barrios, terminó en 1990, año en que venció en la urnas al actual presidente.
Este jueves, la incertidumbre en casa de Cristiana Chamorro continuaba. Los oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial mantenían cercado el inmueble, y la precandidata seguía adentro aislada junto a su hija y el personal de servicio, sin la posibilidad de que ingresasen sus familiares.
Cristiana Chamorro, de 65 años, periodista de profesión, curtida como reportera en el diario La Prensa, del que es vicepresidenta, se ha propuesto repetir la hazaña de su madre, sustentada en el legado moral de la exmandataria y su padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado a balazos en 1978 por la dictadura somocista. Los padres de la ahora precandidata presidencial inhibida -a la que Ortega le impuso casa por cárcel bajo aislamiento este miércoles- son un referente de democracia y libertad en Nicaragua frente a dictaduras y regímenes autoritarios que asolan a este país desde hace más de medio siglo. El civismo y defensa de las libertades públicas es el sello de los Chamorro Barrios, una familia entre quienes destacan connotados periodistas como Carlos Fernando Chamorro, hermana de la aspirante presidencial, director del digital Confidencial y también perseguido por régimen.
Cristiana Chamorro anunció su deseo de aspiración presidencial en enero pasado. En sus palabras -”digo sí a Nicaragua”-, formuló una especie de respuesta colectiva a un electorado huérfano de una figura capaz de unir a un dividido liderazgo opositor de cara a las elecciones generales programadas para noviembre próximo, cuando Ortega pretende reelegirse por tercera vez consecutiva de la mano de su esposa, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo.
Hasta su arresto, la precandidatura presidencial de Cristiana Chamorro era “independiente” de los dos bloques opositores: la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Con la decisión de Ortega de anular a la Coalición Nacional -plataforma que agrupa a los sectores sociales más beligerantes durante las protestas sociales de 2018-, cancelando la personería del partido político en cuya casilla correrían, Ciudadanos por la Libertad quedó como la única alternativa opositora para competir en las elecciones.
Cristiana Chamorro, así como los precandidatos presidenciales de la Coalición Nacional, decidieron acudir a Ciudadanos por la Libertad para inscribirse en el proceso de elegir un candidato opositor único, siendo ella la más popular ante el electorado. Horas después de su acercamiento a la agrupación política, el Gobierno, a través de la Fiscalía, inhabilitó mediante un comunicado a Cristiana Chamorro.
Un caso de lavado de dinero para sacarla de circulación
La candidatura de Cristiana Chamorro ha entusiasmado a los nicaragüenses, a juzgar por las repetidas encuestas que la sitúan como la favorita entre el resto de precandidatos opositores (21% según los resultados de CID-Gallup publicados días antes de su arresto). Antes de anunciar su aspiración, renunció a la dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización sin fines de lucro que dirigió durante veinte años, dedicada a la promoción y el fortalecimiento del periodismo independiente en Nicaragua con recursos de la cooperación internacional. La labor de la ONG se volvió vital a partir de 2018, cuando la represión emprendida por Ortega y Murillo confiscó redacciones, apresó y asesinó periodistas, ya que apoyaron a medios de comunicación a migrar al entorno digital para sortear la censura.
Al Gobierno le estorbó desde un primer momento la candidatura de Cristiana Chamorro por la fuerza que iba tomando. La vicepresidenta Murillo la ha atacado en repetidas ocasiones, utilizando el apellido Chamorro (una de las familias más influyentes en Nicaragua) de manera despectiva. “Un montón de ungidos andan por ahí, ¿ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende, ni los hace ponerse de pie, agachados son y vendepatrias”, dijo la funcionaria un día después que la precandidata renunciara a la dirección de la Fundación Violeta. Los insultos fueron creciendo e incluso Murillo dejó de decir en sus alocuciones televisadas la palabra “cristiana” que conforma parte del eslogan oficial de Gobierno, que reza “Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria”.
El boicot final a la precandidatura de Cristiana Chamorro se inició hace tres semanas, cuando el Gobierno ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación de supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta y su exdirectora por supuestas inconsistencias en informes financieros que, al día de hoy, sin ningún juicio iniciado pero ya con la imputada con una sentencia de facto con la medida casa por cárcel que inhabilita su derecho a optar a un cargo público, no han podido ser demostradas.
Desde que se inició la investigación en su contra (que de paso vincula a más de una veintena de periodistas), Cristiana Chamorro la catalogó como una “monstruosidad jurídica en su contra” para “inhibir” su candidatura presidencial. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, sentenció al salir de una de sus citatorias al ministerio Público.
El zarpazo final fue este miércoles, cuando la jueza Karen Chavarría, una leal al sandinismo, ordenó el allanamiento de morada y su arresto que, por ahora, es domiciliario y bajo aislamiento. La decisión gubernamental alarmó a nivel nacional e internacional.
“Desde que mostró su disposición por competir con los precandidatos de la oposición para una elección democrática de una candidatura única, ha despertado simpatía y esperanza en una buena proporción de la población que quiere la salida de Ortega por la vía cívica electoral”, dijo Violeta Granera, veterana opositora nicaragüense. “Yo creo que Cristiana, frente a este desafío, está mostrando una gran fuerza interior para desafiar los embates de la dictadura. Y tan importante como eso, mucha coherencia en sostener los principios que ha declarado: que haya competencia interna y que haya unidad de todas las fuerzas de oposición”.
