El gasto del gobierno federal en pensiones ha alcanzado cifras récord, superando los billón de pesos en el primer semestre del 2025. Este monto no solo eclipsa el gasto en educación y salud juntos, sino que también ha generado un impacto positivo en la reducción de la pobreza entre los adultos mayores desde 2018, que se ha disminuido en casi un 30%. Sin embargo, este avance se ha acompañado de un aumento en las carencias relacionadas con la salud y la educación.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y la consultora Integralia, el gasto en pensiones, que ascendió a 1.011 billones de pesos en los primeros seis meses del 2025, representa un aumento del 75% en términos reales desde 2018. De esta suma, 778,202 millones de pesos se destinaron a pensiones contributivas, mientras que 233,345 millones de pesos se destinaron a pensiones no contributivas, destacando la universalización de la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM) implementada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El costo de las pensiones no contributivas ha crecido de manera exponencial, multiplicándose por nueve desde 2018. Este crecimiento se refleja en el incremento del monto de apoyo a los adultos mayores, elevando así el impacto en las finanzas públicas. Por su parte, las pensiones contributivas han incrementado un 41% de 2024 a 2025, principalmente por las pensiones de generaciones de transición que incluyen a instituciones como el IMSS y el ISSSTE.
A pesar de los esfuerzos por reducir la pobreza entre los ancianos, el panorama para la salud y la educación resulta preocupante. Las carencias en acceso a servicios de salud han aumentado, pasando del 16.2% de la población en 2018 al 34.2% en 2024, mientras que el rezago educativo ha mostrado poco progreso, pasando de 19% a 18.6% en el mismo periodo. Esta paradoja se debe a que el Estado enfrenta dificultades financieras para garantizar estos derechos esenciales, mientras mantiene el sistema de pensiones.
Carlos Ramírez, experto de Integralia, advierte que la tendencia de gastar más en pensiones que en educación y salud podría continuar en el futuro. Esta situación podría considerarse una trampa para el gobierno, que enfrenta la difícil tarea de equilibrar las demandas económicas del presente con las necesidades de inversión en áreas críticas para la población joven.
El gasto en pensiones se prevé que continúe creciendo en las próximas dos décadas, coincidiendo con el envejecimiento de la población. La falta de recursos suficientes para aumentar el presupuesto en educación y salud sugiere que la tendencia actual probablemente empeorará. Trabajar hacia una solución viabiliza la necesidad de una reforma fiscal o la consideración de otras opciones que, de no implementarse, podrían llevar a una disminución de la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo del país.
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