El gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado el Paquete Económico 2026, un documento clave que establece cómo se planifican, recaudan y gastan los recursos que administra el Estado. Este paquete se convierte en una guía fundamental para la administración pública, ya que incluye proyecciones sobre el comportamiento de variables económicas cruciales.
Este año, el Paquete Económico cobra particular importancia debido al elevado déficit fiscal que se encuentra alrededor del 6%, con un claro objetivo de reducirlo al 4.9%. Se espera que el enfoque del paquete esté centrado en la sostenibilidad fiscal, la reducción del déficit y un manejo prudente de la deuda, acompañado de proyecciones macroeconómicas más realistas que contemplan un crecimiento moderado.
Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno son las presiones sobre las finanzas públicas, derivadas del creciente gasto social, el apoyo a Petróleos Mexicanos y el aumento en el costo del servicio de la deuda. Estas obligaciones limitan la inversión en infraestructura y en áreas esenciales como la salud y la educación.
Mensajes provenientes del gobierno y su equipo económico destacan la continuidad de políticas sociales, así como la expectativa de una recaudación histórica y un flujo significativo de inversiones. Sin embargo, se observa una disminución notable en los ingresos petroleros y la incertidumbre generada por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Edgar Amador, secretario de Hacienda, ha insistido en mantener la confianza en la política fiscal y ha trabajado arduamente para disminuir el costo del servicio de la deuda, especialmente en lo que respecta a Petróleos Mexicanos. Una de las decisiones más recientes, anunciada por la Jefa del Ejecutivo, consiste en que los bancos ya no podrán deducir impuestos de sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta medida, que forma parte del Paquete Económico 2026, se prevé que recuperará aproximadamente 10 mil millones de pesos anuales, aunque su impacto presupuestal no es considerado significativo.
La significancia de esta decisión radica más en su efecto político que económico, al marcar un contraste con la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador, quien evitó cambiar las reglas para los banqueros y permitió que estos disfrutaran de un período de utilidades extraordinarias. Sheinbaum ha indicado que se han realizado conversaciones previas con el sector bancario, lo que sugiere que no se podrían esperar cambios drásticos.
En cuanto a las expectativas de recaudación, se especula que podría incluirse un aumento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas. Este impuesto, que existencia desde 2014, podría experimentar un incremento adicional para desincentivar el consumo, a raíz de las advertencias del secretario de Salud sobre los daños a la salud y los costos derivados para el sector público.
Se ha alertado acerca de la vigilancia del gobierno sobre los “pecados del azúcar”, lo que ha generado temores sobre un “impuesto oculto”. A pesar de que la presidenta Sheinbaum ha descartado la implementación de una Reforma Fiscal que incremente o cree nuevos impuestos, queda claro que el margen de maniobra del gobierno es limitado y que, de alguna forma, deberán buscar incrementar los ingresos necesarios para su gestión.
Aunque la información presentada se basa en los datos disponibles hasta el 7 de septiembre de 2025, es esencial estar atentos a cómo se desarrollarán estas políticas en un futuro, dado el contexto económico y social que enfrenta el país.
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