El Paquete Económico 2026 propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso se presenta como un marco estructural esencial para su segundo año de gestión. Este paquete abarca varios documentos clave, incluidos los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos, la Ley de Derechos, el Código Fiscal de la Federación, el IEPS, y el Presupuesto de Egresos. La intención subyacente es clara: continuidad en la política social, disciplina fiscal y un papel más protagónico del Estado en la economía.
En línea con el optimismo del gobierno, los Criterios Generales proyectan un crecimiento económico entre 1.8% y 2.8%. Aunque estos números pueden considerarse aceptables, resultan bajos en el contexto de un país con aspiraciones mayores. La expectativa es que el déficit se reduzca a 4.1% del PIB, manteniendo la deuda en un 52%. Este panorama financiero está supeditado a la fortaleza del consumo interno, la inversión extranjera y la necesidad de que Pemex mejore su rendimiento fiscal.
La Ley de Ingresos señala un cambio significativo en la estructura tributaria, donde se prevé que la recaudación por impuestos supere a la obtenida por petróleo. Esto indica que los ingresos del Estado ya no dependen tanto de la venta de combustibles, lo que plantea un desafío en cuanto a la sostenibilidad del gasto público. Las renuncias fiscales continúan generando un alto costo y limitan las posibilidades de implementar nuevos programas; por ejemplo, la implementación de una tasa cero de IVA en alimentos implica un costo de 508 mil millones de pesos para Hacienda.
En cuanto a la Ley de Derechos, se observan incrementos y nuevas tasas en servicios relacionados con migración, aviación, sanidad agropecuaria y cultura. Esto se traduce en mayores costos para los ciudadanos al momento de viajar en avión, gestionar permisos o acceder a museos. De acuerdo con el gobierno, la intención es que los servicios cubran sus propios costos y contribuyan a su modernización, lo que podría impactar considerablemente en el bolsillo de la población.
El nuevo IEPS también se refleja en el costo diario de productos como cigarros y refrescos, aumentando los precios, incluso de los considerados “light” o “diet”. Por ejemplo, un refresco de 600 mililitros podría aumentar de precio en aproximadamente un peso. La medida busca modificar los hábitos de consumo y, aunque podría sentirse como una carga para los consumidores, el gobierno prevé que genere ingresos que se destinarían a iniciativas de salud y programas sociales.
El Código Fiscal introduce cambios significativos que afectan tanto a grandes empresas como a pequeñas. Por ejemplo, se contempla la suspensión inmediata de sellos digitales y la posibilidad de negar el RFC a empresas vinculadas a prácticas evasivas. Esto podría acentuar el control sobre la actividad económica y, si bien está diseñado para combatir la evasión, concentra un considerable poder en la autoridad fiscal.
Finalmente, el Presupuesto de Egresos para el año asciende a más de 10 billones de pesos, priorizando áreas como pensiones, salud y educación, así como programas de bienestar. Se prevé un aumento en recursos para los estados, siendo Chiapas el más favorecido, mientras que las cifras de Pemex indican un gasto superior a sus ingresos, a la vez que la CFE muestra resultados positivos. Todo esto se sustenta en un déficit proyectado, que se financiará a través de endeudamiento.
En conclusión, el Paquete Económico 2026 impactará de manera notable en la vida cotidiana de los mexicanos. Auditará un aumento en los costos de tabaco, bebidas, trámites y boletos de avión, mientras se continuarán proporcionando pensiones y apoyos sociales. Esta dualidad representa un pacto implícito entre el gobierno y la ciudadanía, en el que se promete estabilidad y apoyo económico, aunque también con un Estado que se vuelve más recaudador y controlador. La próxima etapa será verificar si el gobierno cumple con su compromiso sin que el peso de estas medidas recaiga aún más sobre la población.
La información aquí presentada corresponde a una fecha previa y podría estar sujeta a cambios conforme se desarrollen nuevas políticas o se ajusten las proyecciones económicas.
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