El pasado 20 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un reciente ataque militar llevado a cabo por el Ejército estadounidense. Este ataque, calificado como “letal”, se dirigió contra un barco vinculado a una organización terrorista designada, resultando en la muerte de tres presuntos narcotraficantes. Trump, a través de su plataforma Truth Social, reveló que el Pentágono había autorizado la operación debido a que la inteligencia militar identificó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos a través de un conocido corredor de tráfico de drogas.
Este episodio es parte de un operativo militar más amplio que Washington ha desplegado en el Caribe, que incluye la movilización de al menos ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear, y cazas F-35 estacionados en Puerto Rico. Sin embargo, los detalles sobre la ubicación específica del ataque y el origen del barco atacado no fueron aclarados por el mandatario.
La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino López, criticó el despliegue militar estadounidense, tildándolo de una “guerra no declarada” contra su país. Caracas ha denunciado que en las últimas semanas, al menos tres embarcaciones venezolanas han sido atacadas por fuerzas estadounidenses, resultando en aproximadamente 15 muertes. Padrino se opuso al uso de ataques letales en lugar de una detención y »incautación» adecuada de embarcaciones sospechosas, subrayando que las acciones estadounidenses han llevado a “ajusticiamientos en el mar Caribe”.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha organizado el despliegue de tropas y ejercicios militares en la isla de La Orchila, acusando a Washington de intentar llevar a cabo un “cambio de régimen”. Además, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, instó a la ONU a investigar lo que señaló como “ejecuciones en serie” de venezolanos en las aguas caribeñas.
El conflicto ha suscitado reacciones variadas en Latinoamérica. Por un lado, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, manifestó que “no ve señales de alarma” ante la presencia militar estadounidense, reconociendo el narcotráfico como un “cáncer” que afecta a la sociedad y confirmando su participación en patrullajes conjuntos con Estados Unidos. Por otro lado, Cuba ha manifestado su apoyo a Venezuela, lanzando una campaña de recolección de firmas en protesta contra las “agresiones” de Estados Unidos, con el firme objetivo de reunir millones de adhesiones.
Desde la perspectiva estadounidense, el operativo se justifica como una lucha estrictamente contra el narcotráfico que emana de Venezuela. Las autoridades han desmentido cualquier intención de cambio de régimen, aunque han corroborado sus acciones contra embarcaciones involucradas en actividades ilícitas en el Caribe.
Este complejo entramado de acciones militares y respuestas geopolíticas ilustra las tensas relaciones en la región y plantea interrogantes sobre las siguientes etapas de la lucha estadounidense contra el narcotráfico, así como el impacto que estas operaciones tendrán en la dinámica política y social de los países involucrados.
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