La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado de la República, ha suscitado profundas preocupaciones en el ámbito empresarial, especialmente entre los miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán. David Luviano Gómez, presidente de esta organización, ha calificado la reforma como un retroceso grave que amenaza a todo el sector empresarial del país.
Durante su intervención, Luviano alertó sobre cómo esta modificación introduce restricciones que limitan derechos fundamentales y vulneran principios constitucionales. Según él, estas políticas generan un ambiente de incertidumbre en el sistema de justicia, lo que podría frenar significativamente la atracción de inversiones y obstaculizar la creación de nuevas empresas.
Uno de los puntos más criticados por Luviano es el artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, lo cual puede afectar juicios que ya están en curso. Este aspecto es considerado un atentado directo a la certeza jurídica, creando un contexto desfavorable tanto para ciudadanos como para empresas que buscan hacer valer sus derechos en los tribunales.
Luviano fue contundente al señalar: “Si esto pasa tal cual, vamos a interpretar que los legisladores, quienes representan la voz de los mexicanos, están en contra de la justicia y de la inversión en México”. Este comentario refleja un llamado de atención sobre las posibles implicaciones de la reforma, que, según advierte, podría llevar al cierre de negocios y a la pérdida de empleos, impactando la economía de miles de familias mexicanas.
El dirigente patronal también expresó su inquietud por cómo esta reforma podría dejar sin representación a diversas comunidades, organizaciones y empresas que han utilizado históricamente el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública. La capacidad de estos grupos para proteger sus intereses se ve comprometida en un panorama donde se limita el acceso a la justicia.
Afrontando este escenario, Luviano instó a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a reconsiderar la dirección de esta modificación legal. En su opinión, la falta de apertura del gobierno para escuchar las voces tanto sociales como empresariales representa un retroceso democrático que no se puede pasar por alto.
La situación actual, este análisis resuena con los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana en su conjunto, estableciendo un marco de reflexión sobre la importancia de preservar los derechos y garantías que permiten el crecimiento y el desarrollo de una economía robusta. Por ahora, la información sobre estas reformas es pertinente hasta el 2 de octubre de 2025, y el futuro del sector empresarial está en juego mientras se abordan estas cuestiones cruciales.
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