La trampa del optimismo financiero

La reciente presentación del Paquete de Ingresos 2026, realizada por los titulares de la Secretaría de Hacienda y del SAT, refleja un intento deliberado de transmitir confianza a la ciudadanía. En esta “mañanera”, se destacó que no se implementarán nuevos impuestos ni aumentos en las tasas actuales y que se priorizará la fiscalización y digitalización del sistema. Las proyecciones son, en apariencia, alentadoras: se anticipa un incremento real del 6.3% en los ingresos, alcanzando una recaudación histórica que equivaldría al 15.1% del PIB.

Sin embargo, detrás de este optimismo oficial persiste un problema estructural que debe ser abordado: México sigue siendo uno de los países que menos recauda a nivel global. Según el informe del SAT sobre los ingresos federales de 2025, los recursos totales alcanzaron 5.95 billones de pesos, representando un aumento del 4.3% respecto a 2024. A pesar del crecimiento del 3.3% en la recaudación tributaria y del notable 16.8% en los ingresos no tributarios, el cumplimiento de la meta anual hasta septiembre se ubicó en un 77.8%. Las estrategias implementadas se han centrado en medidas punitivas, como la inclusión de los “factureros” en el catálogo de delitos graves y un endurecimiento en la verificación del RFC, dejando de lado enfoques orientados a la expansión económica.

El proyecto para la Ley de Ingresos 2026, por otro lado, sugiere un enfoque más integrador al proyectar 8.72 billones de pesos en ingresos. Estas cifras suponen un aumento del 6.3% en términos reales, con los ingresos tributarios constituyendo el 15.1% del PIB. La Secretaría de Hacienda ha reiterado su compromiso de no crear nuevos gravámenes y fundamenta su proyección en tres pilares: simplificación digital, lucha contra la evasión fiscal y estímulos fiscales. Dentro de este marco, se contemplan deducciones adicionales del 25% para capacitación e innovación, facilidades para la deducción inmediata del 100% de activos fijos, así como apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con ingresos de hasta 300 millones de pesos. Además, se busca canalizar parte de la recaudación hacia programas sociales, infraestructura, salud y educación.

No obstante, las tensiones entre el enfoque de control del SAT y la visión de incentivos de Hacienda reflejan la existencia de una meta ambiciosa, pero el fondo del problema no se resuelve así. Con una recaudación que apenas alcanza el 15.1% del PIB, México se encuentra a años luz del promedio latinoamericano de 20% y del 30% correspondiente a la OCDE. Con ingresos limitados, resulta difícil para el Estado mexicano mantener su gasto social, financiar proyectos de infraestructura o mejorar la calidad de los servicios públicos.

La solución no radica en aumentar los impuestos, sino en implementar reformas al sistema fiscal que sean inteligentes y que consideren el futuro. Para el año 2026, es crucial enfocarse en la ampliación de la base tributaria. La informalidad, que afecta al 54% de la población empleada, puede ser disminuida si el SAT convierte el Régimen Simplificado en una verdadera vía de integración, facilitando retenciones automáticas y utilizando herramientas como facturas QR para microcomercios, además de establecer una coordinación más efectiva con el IMSS y el Infonavit.

La continuidad en el discurso de Hacienda y el SAT resulta insuficiente para enfrentar los retos actuales. Es imprescindible una reforma fiscal que permita una mayor recaudación sin gravar a los sectores más vulnerables y que optimice el gasto para ofrecer resultados tangibles. Solo así México podrá avanzar hacia un Estado más moderno, fuerte y justo. Para que estas intenciones no se queden solo en promesas, se requiere un calendario claro que estipule responsables, metas y evaluaciones públicas, como por ejemplo, para el 2026, ampliar la base con herramientas digitales; para el 2027, implementar un IVA con devolución bimestral focalizada; y para el 2028, reformar el ISR.

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