La trampa del optimismo financiero

La reciente presentación del Paquete de Ingresos 2026, realizada por los titulares de la Secretaría de Hacienda y del SAT, refleja un intento deliberado de transmitir confianza a la ciudadanía. En esta “mañanera”, se destacó que no se implementarán nuevos impuestos ni aumentos en las tasas actuales y que se priorizará la fiscalización y digitalización del sistema. Las proyecciones son, en apariencia, alentadoras: se anticipa un incremento real del 6.3% en los ingresos, alcanzando una recaudación histórica que equivaldría al 15.1% del PIB.

Sin embargo, detrás de este optimismo oficial persiste un problema estructural que debe ser abordado: México sigue siendo uno de los países que menos recauda a nivel global. Según el informe del SAT sobre los ingresos federales de 2025, los recursos totales alcanzaron 5.95 billones de pesos, representando un aumento del 4.3% respecto a 2024. A pesar del crecimiento del 3.3% en la recaudación tributaria y del notable 16.8% en los ingresos no tributarios, el cumplimiento de la meta anual hasta septiembre se ubicó en un 77.8%. Las estrategias implementadas se han centrado en medidas punitivas, como la inclusión de los “factureros” en el catálogo de delitos graves y un endurecimiento en la verificación del RFC, dejando de lado enfoques orientados a la expansión económica.

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El proyecto para la Ley de Ingresos 2026, por otro lado, sugiere un enfoque más integrador al proyectar 8.72 billones de pesos en ingresos. Estas cifras suponen un aumento del 6.3% en términos reales, con los ingresos tributarios constituyendo el 15.1% del PIB. La Secretaría de Hacienda ha reiterado su compromiso de no crear nuevos gravámenes y fundamenta su proyección en tres pilares: simplificación digital, lucha contra la evasión fiscal y estímulos fiscales. Dentro de este marco, se contemplan deducciones adicionales del 25% para capacitación e innovación, facilidades para la deducción inmediata del 100% de activos fijos, así como apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con ingresos de hasta 300 millones de pesos. Además, se busca canalizar parte de la recaudación hacia programas sociales, infraestructura, salud y educación.

No obstante, las tensiones entre el enfoque de control del SAT y la visión de incentivos de Hacienda reflejan la existencia de una meta ambiciosa, pero el fondo del problema no se resuelve así. Con una recaudación que apenas alcanza el 15.1% del PIB, México se encuentra a años luz del promedio latinoamericano de 20% y del 30% correspondiente a la OCDE. Con ingresos limitados, resulta difícil para el Estado mexicano mantener su gasto social, financiar proyectos de infraestructura o mejorar la calidad de los servicios públicos.

La solución no radica en aumentar los impuestos, sino en implementar reformas al sistema fiscal que sean inteligentes y que consideren el futuro. Para el año 2026, es crucial enfocarse en la ampliación de la base tributaria. La informalidad, que afecta al 54% de la población empleada, puede ser disminuida si el SAT convierte el Régimen Simplificado en una verdadera vía de integración, facilitando retenciones automáticas y utilizando herramientas como facturas QR para microcomercios, además de establecer una coordinación más efectiva con el IMSS y el Infonavit.

La continuidad en el discurso de Hacienda y el SAT resulta insuficiente para enfrentar los retos actuales. Es imprescindible una reforma fiscal que permita una mayor recaudación sin gravar a los sectores más vulnerables y que optimice el gasto para ofrecer resultados tangibles. Solo así México podrá avanzar hacia un Estado más moderno, fuerte y justo. Para que estas intenciones no se queden solo en promesas, se requiere un calendario claro que estipule responsables, metas y evaluaciones públicas, como por ejemplo, para el 2026, ampliar la base con herramientas digitales; para el 2027, implementar un IVA con devolución bimestral focalizada; y para el 2028, reformar el ISR.

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