Sin embargo ahora es obligación de las administraciones garantizar que todos -con independencia de su lugar de residencia- tengan la oportunidad de salir de la crisis económica en la que nos encontramos y encarar la recuperación en igualdad de condiciones. La paciencia termina por agotarse.
Los números son claros y la reivindicación conocida: se está incumpliendo sistemáticamente el artículo 156 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar la suficiencia financiera de las autonomías para hacer frente a sus servicios públicos fundamentales, y a la equidad entre los ciudadanos de los distintos territorios. No podemos soportar más discriminación porque la situación es límite. Urge buscar una solución. La sociedad valenciana, unida, dice basta.
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En 2020 la CCAA mejor financiada cerró el ejercicio con un superávit del 0′5%, mientras que la Comunitat tuvo un déficit del 1,2%, según datos del Ministerio de Hacienda. Y eso que el gasto público por valenciano es un 16% inferior. El problema es únicamente de falta de ingresos. La diferencia de financiación por habitante ajustado supera ya el 30% entre la mejor financiada y la Comunitat Valenciana (más de 700 euros per cápita).
Hagan números. A nosotros hace años que no nos salen. Recurrir al endeudamiento es nuestra única salida para evitar un deterioro de los servicios fundamentales. Somos la autonomía con mayor deuda en relación al PIB. El FLA es una respiración asistida y puntual que no deberíamos necesitar de manera recurrente.
Y además hay algo que tenemos claro: no tenemos garantizada ni la suficiencia (es cierto que en 2021 el Estado ha incrementado como nunca antes la financiación a las CCAA, pero las autonomías tenemos un déficit estructural superior al 1%); ni la equidad (porque las diferencias han consolidado un statu quo con el que recibimos muchos menos recursos que la media española). Pese a todo vamos a seguir garantizando la igualdad de oportunidades y la salida de la crisis a nuestros ciudadanos.
Este martes, la Plataforma per un Finançament Just vuelve a Madrid a exigir unos recursos que nos equiparen a la media. El Ministerio de Hacienda es consciente de que debe presentar durante 2021 una propuesta de reforma donde la discriminación no esté contemplada. Pero el Congreso de los Diputados tiene la obligación de aprobarla lo antes posible. Son sus señorías, con sus votos, de quienes depende que los valencianos y valencianas tengamos las mismas oportunidades para superar esta pandemia.
Las vacunas han permitido que se avance en la recuperación económica. Que la infrafinanciación no lastre la de la Comunitat Valenciana.
Vicent Soler es conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana
