El gobierno de México ha decidido ampliar la vigencia del decreto que permite la regularización de vehículos usados importados, conocidos popularmente como “autos chocolate”. Esta medida, que ahora se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, busca otorgar una mayor certeza y seguridad jurídica tanto a los importadores como a los propietarios de estos vehículos. La información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, consolidando así un marco de regulaciones establecido anteriormente.
El decreto también reafirma la importancia de cumplir con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta normativa garantiza que los autos usados originarios de estos países reciban un trato arancelario preferencial, un aspecto clave para facilitar la importación de vehículos en conformidad con los acuerdos comerciales vigentes.
Sin embargo, las autoridades mantienen la prerrogativa de impedir la importación de vehículos que presenten reportes de robo, restricciones sobre su uso o que no cumplan con normas de seguridad ambiental. Esto responde a la necesidad de proteger la integridad del mercado automotor y garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras.
No obstante, esta regulación ha encontrado resistencia. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha manifestado su oposición, argumentando que esta estrategia podría limitar la oferta de autos seminuevos en el país y, por ende, comprometer la renovación del parque vehicular, generando incertidumbre jurídica que podría afectar la seguridad vial.
El término “autos chocolate” se refiere a vehículos no registrados que ingresan ilegalmente al país, a menudo provenientes de Estados Unidos. Estas unidades, que circulan sin placas ni papeles legales, suelen ser modelos que no están disponibles oficialmente en el mercado mexicano y pueden no cumplir con los estándares de seguridad establecidos, lo que los convierte en un riesgo potencial para quienes los manejan.
Con esta reciente ampliación del decreto, se espera que las autoridades puedan seguir controlando la situación de estos vehículos y ofrecer soluciones a los propietarios, al tiempo que se buscan mecanismos que garanticen la seguridad y el cumplimiento de las normativas en el mercado automotor del país.
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