En México, el Derecho al Libre Tránsito está reconocido en el artículo 11 de nuestra Constitución Política. Este derecho no sólo garantiza la posibilidad de movernos de un lugar a otro sin restricciones indebidas, sino que también implica que este desplazamiento se realice en condiciones dignas, seguras y accesibles. No sirve de nada reconocer libertades en el papel si, en la vida cotidiana, trasladarse se convierte en un acto de riesgo constante. Y lamentablemente, esa es la realidad que viven miles de morelenses cada día al utilizar el transporte público.
En las últimas semanas se han reportado varios accidentes graves protagonizados por unidades del servicio colectivo —las conocidas “rutas”— que se han quedado sin frenos en plena circulación. La narrativa se repite: unidades viejas, sin mantenimiento adecuado y manejadas por choferes que muchas veces no cuentan con la capacitación necesaria. En un estado como Morelos, donde una parte significativa de la población depende de este servicio para trabajar, estudiar o simplemente acudir a sus actividades diarias, esta situación no puede normalizarse.
La falta de regulación efectiva por parte de las autoridades, combinada con la irresponsabilidad de algunos concesionarios, ha creado una tormenta perfecta. Se trata de un problema complejo, pero cuya raíz es clara: la ausencia de un sistema de supervisión real, constante y estricta sobre las condiciones mecánicas de las unidades y sobre la preparación de quienes las conducen.
Tengamos en cuenta que camiones viejos, ciudadanos en riesgos.
La mayor parte de los accidentes recientes tiene un origen común: fallas mecánicas derivadas de unidades obsoletas. Muchas de estas rutas circulan con más de 20 años de servicio, sin que reciban mantenimiento adecuado. La exigencia de una verificación estricta —no sólo de emisiones, sino de funcionalidad y seguridad— no es un capricho, es una necesidad de protección al ciudadano.
Lo irónico es que, a pesar del evidente deterioro de sus unidades, algunos concesionarios pretenden incrementar la tarifa del pasaje, argumentando que necesitan “ajustes económicos”. La verdad es que el usuario morelense paga caro, no sólo con su bolsillo, sino con su integridad física. No es razonable exigir un aumento cuando ni siquiera se cumple con lo mínimo indispensable: dar un servicio seguro, eficiente y respetuoso.
Y si esto fuera poco, se suma otra problemática indignante: la falta de respeto a las tarifas especiales para personas de la tercera edad. De manera cada vez más frecuente, los choferes se niegan a cobrar el pasaje reducido o incluso a brindarles el servicio a nuestros viejitos -quienes en su momento brindaron y aportaron sus servicios- alegando que ese descuento “sale de su bolsillo”. Esto no sólo es falso, sino completamente ilegal. Las reglas tarifarias establecidas por las autoridades no son negociables, y su incumplimiento vulnera directamente los derechos de uno de los sectores más sensibles de nuestra sociedad.
Ahora otro tema que no puede ignorarse es la obtención de Licencias de Chofer tipo C o equivalente. En un estado donde circulan miles de unidades de transporte público, resulta alarmante que el proceso de capacitación sea mínimo o prácticamente inexistente. Conducir una unidad de pasajeros no es lo mismo que manejar un automóvil particular. Se requiere conocimiento técnico, capacidad de reacción, manejo a la defensiva y, sobre todo, responsabilidad.
Cuando las autoridades otorgan licencias sin asegurarse de que el solicitante tenga verdadera preparación, están abriendo la puerta a tragedias. Y cuando los concesionarios ponen a trabajar a choferes sin formación adecuada, están priorizando la ganancia sobre la vida humana.
Es importante recordar que el Derecho al Libre Tránsito incluye implícitamente el acceso a un transporte público funcional, seguro y digno. De nada sirve poder circular libremente si el medio para hacerlo amenaza nuestra seguridad o limita nuestras oportunidades. La SCJN ha señalado en diversos criterios que los servicios públicos deben prestarse con eficiencia, continuidad y calidad; lo contrario constituye una violación indirecta a los derechos de los ciudadanos.
Morelos merece un sistema de transporte ordenado, con unidades modernas, revisiones periódicas y choferes capacitados. No se trata de una exigencia exagerada: se trata de un estándar mínimo para poder ejercer nuestros derechos.
Hoy más que nunca es indispensable que las autoridades estatales realicen una revisión profunda del sistema de transporte público. Esto incluye:
• Auditorías mecánicas reales y constantes.
• Sanciones ejemplares a los concesionarios que incumplan.
• Cursos obligatorios y rigurosos para obtener licencias.
• Respeto estricto a las tarifas sociales.
• Renovación gradual del parque vehicular.
El libre tránsito no es sólo un derecho a moverse; es un derecho a hacerlo con seguridad, dignidad y justicia. Y mientras las rutas viejas sigan circulando sin frenos —literal y figuradamente—, este derecho seguirá siendo vulnerado todos los días, pues recordemos amigos que la justicia no es teoría, es vida cotidiana.
![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Teclado-Willow-escribe-y-edita-facilmente-350x250.jpeg)
![[post_tittle]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Gaby-Moreno-comparte-sobre-Lamento-y-los-Latin-Grammys-75x75.jpg)
