El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha confirmado su intención de tomar acciones enérgicas contra el Ayuntamiento de Erongarícuaro. Esta iniciativa surge en un contexto de defensa de los derechos de la comunidad de Jarácuaro, que ha experimentado en los últimos años un conflicto significativo respecto a su autonomía y derecho a la autodeterminación.
Desde 2021, la comunidad ha estado en la batalla legal que comenzó con una controversia constitucional presentada por el entonces presidente municipal, Juan Calderón Castillejo. A pesar de haber sido derrotado en las elecciones más recientes, la disputa aún persiste, y preocupantemente, la situación se ha complicado por un nuevo recurso de reclamación introducido por el actual Ayuntamiento. Este documento busca cuestionar el reconocimiento de Jarácuaro como sujeto de derecho público, lo que limita su capacidad para ser consultado en procesos jurídicos.
Pavel Guzmán Ulianov, vocero del CSIM, ha señalado que este recurso no solo es injusto sino que también contraviene el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que las comunidades afromexicanas son sujetos de derecho público, lo que garantiza sus derechos y el acceso a la justicia con una perspectiva intercultural. Guzmán subraya que este esfuerzo se interpreta como un ataque directo a la igualdad ante la ley y un intento de despojar a la comunidad de sus derechos adquiridos.
Ante esta postura del Ayuntamiento, el CSIM ha exigido de manera contundente que se retire el recurso de reclamación. De no cumplirse esta condición, han dejado claro que están listos para movilizar a sus integrantes y llevar a cabo protestas, reafirmando su compromiso de lucha por la defensa de las autonomías.
Adicionalmente, Guzmán ha hecho un llamado a otros pueblos y comunidades indígenas para mantenerse alertas ante las acciones de las autoridades municipales y unirse a las jornadas de lucha que se llevarán a cabo en los próximos días en todo el Estado. Este escenario representa no solo una cuestión legal, sino también una lucha sobre la identidad y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en Michoacán.
En la fecha de este informe, correspondiente al 12 de diciembre de 2025, la situación se mantiene tensa y requiere una atención constante por parte de la sociedad. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían tener un impacto duradero sobre los derechos de las comunidades indígenas en la región, evidenciando una vez más la importancia del respeto y la implementación efectiva de las políticas que garantizan estos derechos fundamentales.
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