El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha lanzado una advertencia clara: se preparan para tomar medidas sociales, políticas y jurídicas contra el Ayuntamiento de Erongarícuaro, al que acusan de intentar revertir los derechos adquiridos por la comunidad de Jarácuaro. A través de su vocero, Pavel Guzmán Ulianov, la organización indígena recordó que la lucha por la autodeterminación y el autogobierno se inició en 2021. Este conflicto se desató tras una controversia constitucional interpuesta por el entonces presidente municipal Juan Calderón Castillejo.
A pesar de que Calderón Castillejo fue rechazado en las urnas en las elecciones más recientes, el conflicto persiste cinco años después, sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya emitido una resolución final. Guzmán Ulianov ha expresado su preocupación por la emergencia de una nueva amenaza: un recurso de reclamación presentado por el actual Ayuntamiento, que cuestiona el reconocimiento de Jarácuaro como sujeto de derecho público y niega la obligación de consultar a las comunidades durante procesos legales.
El vocero del CSIM enfatizó que tales acciones son manifiestamente dolosas. Recordó que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, lo que implica un derecho fundamental a la igualdad y el acceso a la justicia con una perspectiva intercultural.
El Consejo ha emitido un ultimátum al Ayuntamiento de Erongarícuaro, instando a que retiren el recurso de reclamación. Si esta demanda no es atendida, el CSIM ha anunciado que iniciarán movilizaciones y protestas. Guzmán Ulianov hizo un llamado a los pueblos y comunidades indígenas a mantenerse vigilantes ante las acciones de las autoridades municipales y a unirse a la jornada de lucha que el organismo planea llevar a cabo en defensa de las autonomías en los próximos días.
Este conflicto resalta no solo la importancia de los derechos de las comunidades indígenas, sino también la necesidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre las autoridades y las comunidades locales que buscan preservar su identidad y autonomía en un contexto que sigue siendo conflictivo.
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