El exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, conocido popularmente como “Chiquimarco”, enfrenta serios problemas legales tras recibir una orden de prisión emitida por un juez en la Ciudad de México. Esta decisión se toma en el contexto de una denuncia por violencia familiar interpuesta por la víctima identificada como ANHR en 2023. La gravedad de la situación se intensifica debido a que el juez ha considerado que existe un riesgo para la víctima.
Rodríguez, quien ha sido un figura prominente en la Liga MX, no se presentó a la audiencia programada para el 18 de noviembre de 2025, lo que llevó al juez a revisar las medidas cautelares que le habían sido impuestas previamente. Mientras que en 2023 se le permitió continuar el proceso en libertad, siempre y cuando no se acercara a la víctima, la falta de cumplimiento a estas condiciones ha resultado en la orden de prisión.
La resolución judicial estipula que Rodríguez debe presentarse en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a más tardar el 26 de diciembre. La situación se complica aún más porque, según informaciones provenientes de allegados al caso, ANHR ha afirmado que ha sido objeto de amenazas por parte de Chiquimarco, lo que refuerza la urgencia del caso y la necesidad de resguardar su integridad.
El abogado de la víctima ha elaborado un mapaje claro sobre los pasos a seguir: Marco deberá asistir al reclusorio en un plazo máximo de tres días. Si se niega a cumplir con esta disposición, podría enfrentarse a una nueva orden de aprehensión por parte de las autoridades, lo que complicaría aún más su ya fracturada situación legal.
La denuncia contra Rodríguez no solo ha suscitado atención mediática, sino que ha logrado movilizar el apoyo de diversos colectivos que defienden los derechos de las víctimas, como Las Tonantzin, que han alzado la voz en protesta contra un personaje que, en su momento, fue considerado uno de los árbitros más influyentes del fútbol mexicano.
La evolución de este caso es esencial, no solo para la víctima, sino también para la percepción pública sobre cómo se manejan las acusaciones de violencia familiar en el país. La presión social y mediática podría tener un papel decisivo en la resolución de este caso. Es un recordatorio de que, a pesar de su estatus y popularidad, incluso figuras deportivas deben rendir cuentas por sus acciones.
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