El Gobierno sostiene su compromiso ferroviario.

Desde el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 muertos y múltiples heridos, la oposición ha intensificado su escrutinio sobre el Plan Nacional Ferroviario del gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de la tragedia, la presidenta ha reafirmado su compromiso con la rehabilitación y extensión de más de 3,000 kilómetros de rutas de trenes de pasajeros, un proyecto que tiene como objetivo conectar a 49 millones de personas en seis áreas urbanas del país.

Este incidente, que marcó el tercer accidente ferroviario significativo relacionado con las obras del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, plantea serias preguntas sobre la seguridad y la eficacia de la infraestructura ferroviaria actual. Este es el sexto accidente que involucra trenes construidos durante el mandato de Morena, lo que ha llevado a reclamos de una investigación independiente para esclarecer las causas y asegurar la seguridad de los pasajeros.

López Obrador dejó en herencia a su sucesora tres obras inconclusas: los trenes Maya e Interoceánico y el interurbano México-Toluca, este último comenzado durante la administración de Enrique Peña Nieto. En su plan, Sheinbaum no solo busca concluir estos proyectos, sino también desarrollar cuatro nuevas rutas que abarcan desde México hasta ciudades como Querétaro, Saltillo y Veracruz, con el objetivo de mejorar tanto el tiempo de traslado como la calidad de vida de los ciudadanos.

La recuperación de la industria ferroviaria en México es vista por López Obrador y Sheinbaum no solo como un proyecto de infraestructura, sino como un acto de justicia social. Intentan corregir lo que consideran uno de los mayores errores de las administraciones neoliberales: la privatización de los ferrocarriles nacionales. En este contexto, la reforma al artículo 28 de la Constitución forma parte de una estrategia más amplia para reinstaurar el servicio de pasajeros, validando el derecho del Estado a utilizar las vías férreas.

El marco legal actual permitió la creación de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que ya está en marcha bajo el liderazgo de Andrés Lajous, cuyo objetivo es habilitar 3,500 kilómetros de vías para el servicio de pasajeros. A pesar de los desafíos, incluido el escepticismo de expertos sobre la viabilidad económica del proyecto, la administración busca avanzar con un enfoque mixto en su ejecución, integrando construcción, equipamiento y operación.

Mientras tanto, la oposición, incluidos partidos como el PAN y el PRI, ha exigido un alto a la operación del tren hasta que se realice una auditoría exhaustiva de los contratos y recursos públicos relacionados con el proyecto. Han resaltado la necesidad de transparencia, en un entorno donde la agilidad de las obras ha generado cuestionamientos sobre su calidad.

A nivel personal, el Cuestionamiento se intensifica. Claudia Sheinbaum, quien ha enfrentado tragedias anteriores durante su mandato en la CDMX, ahora se enfrenta a un nuevo fardo tras el descarrilamiento. La presidenta ha prometido una investigación a fondo y ha instado a no especular sobre las causas, mientras que el proceso de investigación de la Fiscalía General de la República ya está en marcha.

En conclusión, el futuro del Plan Nacional Ferroviario parece decidido por la combinación de ambición y críticas, con una población que espera que la historia de los trenes no añada más tragedias a su larga lista de compromisos incumplidos. Es un momento crítico para la infraestructura del país, donde cada decisión podría tener repercusiones duraderas.

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