California ha implementado una herramienta innovadora destinada a facilitar la capacidad de los residentes para restringir a los corredores de datos en su acceso y manejo de información personal. Desde 2020, los ciudadanos han tenido el derecho de exigir que las empresas interrumpan la recolección y venta de sus datos. Sin embargo, este proceso ha sido complicado, ya que requería que cada individuo se diera de baja de manera manual con cada compañía. Para abordar este desafío, se aprobó en 2023 la ley conocida como el Delete Act, que simplifica el proceso, permitiendo a los habitantes del estado presentar una única solicitud para eliminar sus datos de más de 500 corredores de datos registrados.
Con la inauguración de la plataforma Delete Requests and Opt-Out Platform (DROP), los californianos pueden ahora enviar su solicitud de eliminación de datos. Tras la verificación de residencia, los usuarios pueden realizar un pedido que se envía a todos los corredores de datos que estén registrados en el estado, tanto los actuales como los futuros.
Es importante destacar que, aunque se implementará este mecanismo, no se garantiza que todos los datos sean eliminados de inmediato. Los corredores comenzarán a procesar las solicitudes a partir de agosto de 2026, y tendrán un período de 90 días para llevar a cabo este proceso y dar respuesta a los usuarios. En caso de que no se eliminen los datos, los solicitantes podrán proporcionar información adicional para ayudar a localizar sus registros.
Cabe mencionar que las empresas tienen la potestad de conservar datos que han recopilado directamente de los usuarios. La obligación de borrar información recae únicamente sobre los corredores que compran o venden estos datos, que pueden incluir información tan sensible como el número de seguro social, historial de navegación, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, entre otros.
Sin embargo, no toda la información es susceptible de eliminación. Datos como registros de vehículos y registros de votantes, que provienen de documentos públicos, quedan exentos de esta normativa. Además, información médica delicada puede estar protegida por otras regulaciones, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA).
La Agencia de Protección de la Privacidad de California ha enfatizado que, además de otorgar mayor control a los ciudadanos sobre su propia información, la nueva herramienta podría disminuir la cantidad de “mensajes, llamadas o correos electrónicos no deseados”, así como reducir el “riesgo de robo de identidad, fraude, suplantaciones de inteligencia artificial, y la posibilidad de que los datos sean filtrados o hackeados”.
Los corredores de datos que no cumplan con el registro o que ignoren las solicitudes de eliminación de datos enfrentan una multa de $200 por día, además de los costos de aplicación de la ley.
Con este avance, California se posiciona como un líder en la protección de la privacidad de los consumidores en un mundo cada vez más digitalizado, donde la información personal se ha vuelto un bien precioso que necesita salvaguardarse.
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