La transformación del sistema de salud en México se perfila como una urgencia tanto económica como social. Con una posible implementación de un sistema interoperable, se estima que podrían ahorrarse hasta 40 mil millones de pesos anuales, un alivio significativo para las arcas del Estado y para las familias mexicanas que enfrentan una creciente carga financiera en salud.
Gustavo Ross Quaas, líder del proyecto Transform Health México, enfatiza que estos ahorros no son solo cifras abstractas; representan un cambio real en la manera en que se gestionan y distribuyen los recursos en el sector salud. La propuesta se ha socializado ampliamente, utilizando una Guía de Transformación Digital e Interoperabilidad en Salud, presentada en diversos eventos médicos importantes. Este esfuerzo cuenta con la participación activa del gobierno, la academia, la sociedad civil y los propios pacientes, todos unidos en la tarea de establecer estándares comunes y proteger los derechos digitales.
Un punto crucial de la propuesta es la reducción de la duplicidad en pruebas diagnósticas. Actualmente, el 23% de los estudios de laboratorio son repetidos innecesariamente, lo que representa un desperdicio considerable. La digitalización podría reducir esta redundancia entre un 15% y un 50%. Además, la gestión de medicamentos recibiría un impulso significativo a través de la implementación de recetas electrónicas y un mejor entendimiento de la cadena de suministro, medidas que podrían combatir el “robo hormiga” y la duplicidad en las prescripciones.
La eficiencia administrativa también se vería beneficiada: los médicos, al reducir el tiempo de acceso a la información clínica de 45 minutos a menos de 3, podrían atender entre 2 y 3 pacientes adicionales por turno, mejorando así el acceso a atención médica.
Un desafío importante que enfrenta el sistema de salud en México es el alto gasto de bolsillo, que alcanza el 41%, uno de los más elevados en el ámbito de la OCDE. La interoperabilidad se presenta como una solución disruptiva a este problema, ofreciendo la posibilidad de reembolsos públicos para gastos en el sector privado siempre que sean médicos y necesarios, evitando así la duplicación de gastos.
El valor de los datos en la salud digital es significativo, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de recibir compensaciones si acceden al uso de sus datos anonimizados para investigación. Este enfoque abre la puerta a la participación en ensayos clínicos, un área donde muchos se ven excluidos debido a la fragmentación de la información.
Una de las novedades de esta propuesta es la creación del Consejo Nacional de Salud Digital, que debería fungir como un ente rector con facultades ejecutivas. Esta estructura busca evitar los “frenos sexenales” y propone un modelo tripartito de gobernanza con representación de los sectores federal, estatal, y de la academia y la sociedad civil.
El desafío técnico es considerable; alrededor del 47% de los médicos todavía dependen de sistemas en papel. Sin embargo, no es necesario que las instituciones deshechen lo que ya tienen. Se propone una “capa de traducción” de datos y un Índice Maestro de Pacientes basado en la CURP, facilitando la interoperabilidad. Para las zonas marginadas, se sugiere el uso de arquitecturas “Offline-First”, garantizando el acceso a la atención a pesar de la falta de conectividad.
La creciente amenaza de ciberataques, que ya ha aumentado un 97% en el sector salud, exige la implementación de protocolos de arquitectura de confianza cero y el uso de cifrado bancario, asegurando que cada acceso al historial clínico sea seguro y registrado de manera inmutable.
El inicio de esta transformación pasaría por la conformación del Consejo Nacional de Salud Digital, que, aunque idealmente debería estar respaldado por una reforma a la Ley General de Salud, podría comenzar con acuerdos interinstitucionales y actualizaciones normativas. Este ambicioso proyecto puede dar el primer paso hacia un México más conectado y, por ende, más sano.
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