El 17 de julio de 2013, sólo dos días después de que Luis Bárcenas, tesorero del PP, protagonizase ante el juez Pablo Ruz la confesión más explosiva de la democracia sobre 20 años de corrupción en su partido, altos mandos policiales maquinaron de urgencia una operación ilegal para evitar más daño al Gobierno de Mariano Rajoy.
Aquella confesión de Bárcenas dejó algunas preguntas sin respuesta sobre la existencia de grabaciones o más pruebas documentales de la corrupción del PP. Y los comisarios de policía con más poder, alentados por sus jefes políticos de Interior, se pusieron a buscar esos nuevos indicios para que no llegaran al magistrado instructor, según la investigación judicial.
Esas oscuras maniobras, conocidas como Operación Kitchen, han desencadenado la imputación de media docena de mandos policiales y de los dos principales responsables políticos de Interior en aquel momento, el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Francisco Martínez.
El juez que instruye el caso acumula numerosos indicios de aquellas actividades supuestamente delictivas. Pero ahora las agendas de Villarejo, incautadas en octubre pasado en uno de los domicilios del comisario, han destapado nuevas pruebas para apuntalar todas las sospechas.
17 de julio de 2013. “Sobre grabación LB. Pendiente conductor”. Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), al que se encarga la operación de espionaje ilegal a Bárcenas, según él mismo ha confesado, habla con su compañero José Manuel Villarejo. Este comisario apunta en su agenda de ese día bajo el nombre BIG, con el que denominaba a García Castaño: “Sobre grabación LB – pendiente conductor LB. Gabinete de crisis. Seguimiento para ver donde están los temas”.
La captación del chófer como confidente de la policía todavía estaba pendiente. García Castaño se había aproximado al conductor sin demasiado éxito. Y Villarejo lo registró en su agenda.
18 de julio de 2013. “Forzando contacto con chófer L. B.” Villarejo apunta en su agenda una clave para lograr que el chófer de Bárcenas colabore en la Operación Kitchen. La clave se llama Andrés Gómez Gordo, un policía de confianza de Dolores de Cospedal, que le ha nombrado director general en Castilla-La Mancha. Villarejo escribe: “ANDRES GÓMEZ ha recurrido SERGIO el conductor para contarle que se le han acercado”. Ese mismo día, Villarejo habla supuestamente con Ignacio López del Hierro, pareja de Cospedal, y escribe: “Él se encarga de hablar con ANDRES GORDO”. A la vez, el comisario Villarejo registra en su agenda otra conversación con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez: “Forzando contacto con chófer LB. Quedo en cerrar la reunión”.
22 de julio de 2013. “CHEF. Al principio desconfiado. Después más receptivo”. Villarejo presumió ante el juez de su éxito al captar al chófer de Bárcenas como confidente tras el fracaso de García Castaño para convencerle. Y así lo anota en su agenda: “SERGI CHEF. Al principio desconfiado. Después de ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2000 y teléfono. Después todo lo demás”.
La investigación judicial ha descubierto y acreditado con documentos el pago de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas durante dos años por su colaboración. Ese dinero salió de la partida de fondos reservados de Interior. Villarejo puso el nombre de CHEF o COCINERO para denominar a Sergio Ríos en sus apuntes. Sólo tres días después de esa anotación, escribe otra: “CHEF. Llamada últ. Hora para reactivar todo. A partir de ahora todo OK”.
22 de julio de 2013. “CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF”. Chisco es el nombre que Villarejo utiliza en sus anotaciones para identificar al secretario de Estado Francisco Martínez. Habla con Villarejo y éste anota:
“Muy preocupado por datos CHEF. Sobre grabaciones actualmente en su poder”. Bárcenas puede tener guardadas grabaciones con líderes del PP sobre la financiación ilegal del partido. Pero aún no las han encontrado. Tres días después de esa conversación, Martínez vuelve a hablar con Villarejo y el comisario anota que el ministro del Interior está muy interesado por conversar sobre recibís y grabaciones, las dos pruebas que, de existir, pueden hundir al Gobierno de Rajoy.
30 de julio de 2013. “Llamadas sistemáticas del minis sobre L. B.”. El 30 de julio, sólo dos días antes de que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento acosado por el escándalo de la financiación ilegal de su partido y la confesión judicial de Bárcenas, el número dos de Interior vuelve a hablar con Villarejo, quién recoge así su preocupación: “Llamadas sistemáticas del minis sobre L.B.”.
Villarejo retrata en su agenda un mes trepidante para el futuro del Gobierno de Rajoy y del PP. Otras pruebas destapadas durante la investigación apuntalan la veracidad de lo recogido en las agendas del comisario.
El fiscal pregunta si Cospedal y Trillo planearon anular Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción descubrió a finales de 2018, casi un año después de la detención y encarcelamiento del comisario José Manuel Villarejo, un apunte sospechoso en la documentación incautada que hacía referencia a una supuesta operación para anular el ‘caso Gürtel’, cuyo coste estimado oscilaba entre ocho y 12 millones de euros en función del éxito del proyecto.
Los fiscales encargados de la investigación pensaron que se trataba de otro de los negocios ilegales del comisario, pero nunca encontraron ingresos en las empresas de Villarejo que se pudieran corresponder con esa operación, ni grabaciones en las que se hiciera referencia al supuesto cobro del dinero por esa actividad.
A raíz de que la investigación judicial descubriera la Operación Kitchen, el espionaje policial ilegal al extesorero Luis Bárcenas y a su familia con el objetivo de sustraerle documentación u otro tipo de pruebas que guardara contra el PP, la Fiscalía se topó de nuevo con el plan de Villarejo para anular el caso Gürtel.
