El Gobierno español rechaza la resolución sobre el procés que este lunes debatirá y probablemente aprobará la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que están representados 47 países.
El informe ha sido considerablemente suavizado y se han eliminado términos como “amnistía” o “exiliados” que figuraban en su redacción original, el Ejecutivo considera “inadmisibles” algunas de sus recomendaciones, como la de retirar las demandas de extradición contra Carles Puigdemont y los demás fugitivos del 1-O; o archivar los casos abiertos contra otros investigados por el referéndum independentista.
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Para el socialista Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente de la asamblea. Estas recomendaciones vulneran el principio de separación de poderes y la independencia de los tribunales. Pues solo los jueces pueden retirar demandas de extradición o archivar causas pendientes.
Menos pegas pone el PSOE a la recomendación de perdonar o liberar por otros medios a los políticos catalanes presos; y a la de reformar el delito de sedición para evitar “penas desproporcionadas por vulneraciones no violentas”, pues el Gobierno ya ha anunciado pasos en ambas direcciones.
Para el Ministerio de Asuntos Exteriores. El informe, del que ha sido ponente el socialista letón Boriss Cilevics, que protagonizó una polémica visita a Cataluña en febrero de 2020. En la que acudió a la prisión de Lledoners. “Parte de un planteamiento erróneo: la presunción de que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato. Ese prejuicio contamina todo el texto, se refleja en la resolución y en las recomendaciones y merece un reproche general”.
