La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha decidido revisar un recurso presentado por Bayer, el gigante químico alemán, en relación con un creciente número de demandas contra su herbicida Roundup. Esta revisión se centra en una apelación que surge tras el fallo de una corte estatal que ordenó a Bayer indemnizar con 1.25 millones de dólares a un hombre en Misuri, quien sostiene que la exposición a Roundup le causó cáncer en la sangre.
Las demandas, tantas que se cuentan por miles, se basan en la alegación de “falta de advertencia” sobre los riesgos asociados con el producto. El glifosato, un componente clave del herbicida, ha sido catalogado como un probable cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC), acusación que Bayer ha rechazado firmemente.
El argumento principal de Bayer radica en que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal aprobó la venta del glifosato sin requerir advertencias adicionales, lo cual, según la empresa, debería protegerla de las demandas a nivel estatal. Respalda esta postura la administración de Donald Trump, destacando que, durante décadas, la EPA ha clasificado al glifosato como “probablemente no cancerígeno en humanos”. John Sauer, procurador general de Misuri, ha enfatizado que permitir que un jurado cuestione las decisiones de la EPA puede sentar un precedente preocupante para la industria.
Bill Anderson, director ejecutivo de Bayer, ha manifestado que es esencial que el sistema legal de Estados Unidos establezca que las empresas no deben ser castigadas por cumplir con las normativas federales de etiquetado. Sin embargo, la directora de salud ambiental del Centro para la Diversidad Biológica, Lori Ann Burd, expresó su preocupación por la posibilidad de que miles de usuarios de Roundup que padecen cáncer pierdan su derecho a buscar justicia.
Desde la adquisición de Monsanto, el productor de Roundup, en 2018, Bayer ha pagado más de 10,000 millones de dólares en litigios relacionados con las advertencias de este herbicida. La Corte Suprema tiene programado resolver la apelación en junio o principios de julio, momento en que se esperan claridades sobre el futuro del caso y las inquietudes de los usuarios afectados.
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