La justicia peruana ha desestimado este lunes la petición de prisión preventiva para Keiko Fujimori, en medio de la tensión posterior a las elecciones presidenciales del 6 de junio. La candidata, acusada de lavado de activos y organización criminal en el caso Odebrecht, sigue sin reconocer la victoria electoral por la mínima de su adversario, el izquierdista Pedro Castillo.
Sin embargo, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga exigió a Fujimori no volver a comunicarse con testigos y más de 30 coacusados en el expediente por lavado de activos, crimen organizado y obstrucción a la justicia, luego de verificar que quebró dicha condición de la libertad vigilada. Le advirtió que, de hacerlo, volvería a prisión preventiva, en la que estuvo hasta abril de 2020, cuando fue excarcelada debido a la pandemia.
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La lideresa de Fuerza Popular apareció el pasado 9 de junio en una actividad transmitida en vivo por la prensa con el excongresista de su partido Miguel Torres. Lo introdujo como vocero político cuando anunciaron la presentación de cientos de pedidos de nulidad de mesas de votación en las que ganó su adversario Castillo, un profesor rural.
El candidato de Perú Libre superó a Fujimori por más de 40.000 votos en el escrutinio oficial, y desde el día siguiente del balotaje el fujimorismo ha argumentado sin presentar pruebas que hubo fraude en las mesas de votación.
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La Fiscalía acusó en marzo a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori por haber recibido –y no haber declarado a las autoridades electorales– 1,2 millones de dólares en aportes de la transnacional brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La candidata, sus principales asesores y líderes del partido, además, burlaron las regulaciones del sistema financiero peruano simulando pequeños depósitos en la cuenta bancaria de su partido, como si procedieran de ciudadanos de a pie, cuando estaban blanqueando el dinero entregado por las empresas.
