El mercado laboral en México está experimentando un cambio profundo y significativo: la fiscalización con perspectiva de género se ha convertido en un eje central tras la reciente reforma que modifica 17 leyes federales, incluida la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el 16 de enero, transforma el concepto de igualdad sustantiva de una aspiración teórica a una obligación concreta que todos los centros de trabajo deben cumplir.
Los empleadores, a partir de esta reforma, tienen la responsabilidad ineludible de garantizar paridad, no solo en los documentos y reglamentos internos, sino de manera tangible en la práctica laboral y en los resultados. La finalidad de estas medidas es clara: erradicar las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, abordando problemáticas como la brecha salarial, el acoso y la segregación en los puestos de trabajo.
Germán de la Garza de Vecchi, Socio Director de Fisher Phillips México, subrayó que esta normativa abre la puerta a un ciclo de “litigios de alto impacto”. La falta de políticas claras y mecanismos de control efectivos será vista por los tribunales como una falla estructural en la prevención de abusos. El incumplimiento ya no se limita a sanciones económicas; en los casos de acoso o discriminación, podría generar una responsabilidad patronal agravada.
Además, se pone un énfasis especial en la igualdad salarial, lo que puede derivar en inspecciones más rigurosas relacionadas con las prácticas retributivas. Esto podría no solo provocar demandas colectivas, sino también sentar precedentes judiciales significativos en la materia, marcando un cambio en la cultura laboral.
La firma Guaida y Asociados también ha realizado un análisis exhaustivo sobre este asunto, indicando que la reforma establece un nuevo estándar de “trabajo digno”, demandando que las relaciones laborales se desarrollen en ambientes libres de violencia, siempre bajo la óptica de respeto a los derechos humanos. Esta medida es contundente: no solo es necesario tener la intención de no discriminar, sino que ahora es obligatoria una gestión preventiva, activa y continua.
Las empresas tendrán que presentar evidencia documental de varias obligaciones mínimas que deben cumplir. Esto incluye capacitaciones periódicas que abarquen a todos los niveles de la organización, la implementación de protocolos de investigación y la posibilidad de quejas accesibles con garantías de confidencialidad y protección. Asimismo, deberán realizar auditorías salariales para asegurar la equidad en las remuneraciones, justificando cualquier diferencia y estableciendo sanciones efectivas para prevenir la impunidad.
En resumen, la nueva reforma al mercado laboral en México establece un marco normativo que impulsa cambios necesarios para lograr una igualdad real y efectiva en el entorno de trabajo. A medida que estas medidas se implementen, el reto será que las empresas se comprometan a cumplir no solo en el papel, sino en la práctica diaria, promoviendo así un entorno laboral más justo y equitativo.
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