Cada 5 de febrero conmemoramos el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para muchos, la fecha pasa como un acto protocolario más, entre discursos oficiales y ceremonias solemnes. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar que la Constitución no es un documento lejano ni exclusivo de abogados, jueces o legisladores; es, en realidad, el pacto fundamental que regula nuestra vida diaria y que debería protegernos a todas y todos en lo más esencial.
La Constitución de 1917 nació en un contexto de profundas desigualdades, tras una Revolución que exigía justicia social, derechos laborales, educación y tierra. Por eso, a diferencia de muchas constituciones del mundo de su época, la mexicana fue pionera en reconocer derechos sociales. No se trataba solo de organizar el poder, sino de poner límites claros al Estado y, al mismo tiempo, garantizar condiciones mínimas de dignidad para la población.
En nuestra vida cotidiana, la Constitución se manifiesta de maneras que muchas veces damos por sentadas. Por ejemplo, siempre está presente cuando una madre exige una pensión alimenticia para sus hijos; cuando una persona es escuchada por un juez imparcial; cuando alguien puede expresar libremente su opinión sin temor a represalias; cuando un trabajador reclama un salario justo o una jornada digna. Todo eso, aunque no lo parezca, tiene su raíz en la Constitución.
El artículo 1º establece algo fundamental: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto significa que el centro del sistema jurídico ya no es el poder, sino la persona. En términos simples, el Estado existe para servir a la gente, no al revés. Este principio debería guiar cada decisión de una autoridad, desde el funcionario más sencillo hasta el más alto nivel de gobierno.
Sin embargo, una Constitución no se defiende sola. De poco sirve que esté escrita si no se conoce, si no se exige y si no se respeta. En la práctica, muchos de los problemas que enfrentamos a diario —trámites interminables, abusos de autoridad, corrupción, injusticias que parecen normalizadas— son consecuencia directa del desconocimiento o el incumplimiento de la Constitución. Cuando una autoridad actúa fuera de la ley, no solo comete un error administrativo: traiciona el pacto constitucional.
La importancia de la Constitución también radica en que es un documento vivo. A lo largo de los años ha sido reformada para adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y económicas. Esto es positivo en la medida en que las reformas fortalezcan derechos y mejoren la vida de las personas. No obstante, también implica una gran responsabilidad: cuidar que los cambios no debiliten libertades ni concentren el poder en detrimento de la ciudadanía.
En este aniversario del 5 de febrero, vale la pena preguntarnos qué tan presente está la Constitución en nuestra vida diaria. ¿La vemos como una aliada o como un texto lejano? ¿Exigimos que se respete o solo la recordamos en fechas cívicas? La justicia cotidiana comienza cuando conocemos nuestros derechos y entendemos que la legalidad no es un obstáculo, sino una herramienta para vivir mejor, pues de nada sirve conocer de nuestros derechos si no los ocupamos.
Como ciudadanos, tenemos el derecho —y la obligación— de defender nuestra Constitución. Defenderla no implica repetirla de memoria, sino exigir que se cumpla: en los tribunales, en las oficinas públicas, en las calles y en nuestras comunidades. Implica también educar a las nuevas generaciones en el valor del Estado de Derecho, para que entiendan que la ley no es enemiga de la libertad, sino su garantía más sólida.
Hoy, más que celebrar un aniversario, deberíamos renovar el compromiso con ese pacto que nos une como nación. Porque mientras la Constitución se respete y se viva, habrá esperanza de justicia, igualdad y dignidad para todas y todos. Y esa, sin duda, es la esencia de la justicia cotidiana. Pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
