El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León enfrenta un grave desafío tras la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta intervención se debe a violaciones graves a los derechos humanos de dos menores de edad, uno de los cuales perdió la vida mientras se encontraba bajo resguardo institucional. Este hecho ha generado una ola de críticas y exigencias para que el organismo estatal asuma la responsabilidad, cumpliendo con las resoluciones previamente emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La CNDH emitió la Recomendación 148/2025, destacando que el DIF Nuevo León no sólo desestimó un pronunciamiento anterior de la CEDH, sino que también incurrió en una falta al no informar al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control acerca del caso. Este omitir ha sido visto como una violación del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, además de ignorar el principio del interés superior de la niñez.
El primer caso se remonta al 8 de febrero de 2022, cuando una adolescente albergada en el Albergue Fabriles del DIF fue víctima de actos de violencia. Pese a que la autoridad estatal atribuyó su deceso a una peritonitis, numerosos testimonios apuntan a que la menor fue agredida físicamente por personal del albergue. La CNDH confirmó que, ante la magnitud de lo sucedido, el DIF no tomó las medidas correspondientes para investigar adecuadamente los hechos.
El segundo incidente se reportó el 4 de noviembre de 2020, cuando un menor fue trasladado a un centro de rehabilitación en Veracruz sin el consentimiento de su familia ni una orden judicial. Este traslado fue considerado por la CNDH como una violación de derechos fundamentales, al realizarse de manera ilegal.
Ante esta situación, se ordenó al DIF de Nuevo León aceptar la recomendación estatal en un plazo máximo de 15 días y colaborar con las investigaciones administrativas correspondientes. Se solicitó, además, la emisión de una circular interna que instruya al personal a respetar y cumplir con las resoluciones de los organismos de derechos humanos, asegurando así la reparación integral del daño y evitando la repetición de hechos similares.
La atención sobre estos casos no solo pone de manifiesto las falencias en el sistema de protección de menores en Nuevo León, sino que también resalta la importancia de garantizar los derechos de los más vulnerables. La presión sobre el DIF y las autoridades locales es palpable, y será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos en un contexto donde el bienestar de la infancia debe ser la máxima prioridad.
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