El descontento en torno a la iniciativa presidencial de reducción de la jornada laboral ha tomado cada vez más fuerza. Con su dictamen en las comisiones unidas del Senado sin cambios respecto a la propuesta original del 3 de diciembre de 2025, las organizaciones sindicales más representativas del país se han movilizado para expresar su rechazo técnico. La Mesa de Diálogo Sindical, junto con la Asociación General de las y los Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores, han presentado su oposición frente a una reforma que promete más de lo que realmente ofrece.
Una de las principales preocupaciones radica en que el proyecto mantiene el actual esquema de seis días de trabajo y solo uno de descanso, sin avanzar hacia un modelo más equilibrado de cinco por dos. Además, el documento somete a revisión el concepto de jornada laboral. Al sustituir “estar a disposición del empleador” por “desarrollar actividades subordinadas”, se abren las puertas a cuestiones interpretativas que podrían afectar a los tiempos de guardia o espera, generando controversias y facilitando el subregistro del tiempo laboral.
Desde el punto de vista económico, el rediseño de las horas extraordinarias y la posibilidad de jornadas combinadas de hasta 12 horas diarias suscitan inquietudes sobre la normalización de estas extensiones. Aunque se prohíbe la reducción del salario nominal, el uso extensivo de horas extra podría traducirse en una carga fiscal y de seguridad social adicional para los trabajadores, comprometiendo su ingreso neto por hora adicional. Para las empresas, la deducibilidad de estas horas podría también impactar negativamente en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades.
En el ámbito de salud ocupacional, los sindicatos apuntan que sin una negociación colectiva genuina, la prohibición de reducir salarios podría intensificar las condiciones laborales. Así, los empleados podrían encontrarse trabajando menos horas en el papel, pero enfrentando un mayor desgaste físico y mental, lo que elevaría el riesgo de fatiga, estrés y accidentes, afectando seriamente la conciliación entre la vida laboral y personal.
Ante estas circunstancias, los sindicatos han decidido llevar su descontento a las calles, manifestándose frente al Senado de la República para exigir cambios sustanciales en el proyecto. Al mismo tiempo, se espera una reunión crucial entre el secretario del Trabajo y los legisladores para avanzar en el dictamen que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Las organizaciones han hecho un llamado al Congreso para establecer un diálogo social vinculante con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Señalan que cualquier carga de adaptación resultante de la reforma no debe recaer indebidamente sobre los trabajadores, y enfatizan la necesidad de acompañar esta transición con políticas de apoyo a las micro y pequeñas empresas que podrían verse afectadas.
Con esta intensa movilización, se abre un debate crucial sobre el futuro de las políticas laborales en el país. Será fundamental seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en el Congreso, donde la voz de los sindicatos se alza en defensa de derechos que buscan ser fortalecidos, no debilitados.
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