En nuestras calles se cometen todos los días infracciones que no solo violan el reglamento, sino que ponen en riesgo la vida. Motociclistas sin casco, con niños entre los brazos, con tres, cuatro o hasta cinco personas sobre una sola unidad, circulando como si nada. No es una exageración: es una escena cotidiana. Lo verdaderamente alarmante no es solo la imprudencia de quienes conducen así, sino la irresponsabilidad de las autoridades que lo permiten.
Ayudantes municipales, personal de movilidad, agentes de tránsito y funcionarios del área de transporte observan estas conductas y, en muchos casos, simplemente miran hacia otro lado. La omisión se ha vuelto regla. No hay operativos constantes, no hay sanciones efectivas, no hay campañas visibles. Y mientras tanto, los motociclistas siguen circulando sin protección, con menores expuestos a un golpe que podría ser mortal, y con una carga que convierte a cualquier caída en una tragedia.
La ley es clara. El uso de casco es obligatorio. El número de pasajeros está limitado. Está prohibido transportar menores de edad en condiciones inseguras. No se trata de recomendaciones, sino de obligaciones legales. Cuando estas normas no se aplican, el mensaje es devastador: el reglamento es opcional y la vida vale poco.
No es solo un problema de quienes van sobre la motocicleta. También los automovilistas están en riesgo. Un motociclista sin casco, sin equipo, sobrecargado de pasajeros y, en muchos casos, sin placas ni documentos, se convierte en un factor de alto riesgo en la vía pública. Un frenado inesperado, una caída, una maniobra brusca, y el accidente no solo afecta a quien conduce la moto, sino a quienes circulan alrededor. La omisión de la autoridad no solo pone en peligro a una familia, sino a todos.
Resulta indignante ver cómo, frente a estas escenas, no hay intervención. No hay una detención, no hay una multa, no hay una llamada de atención. Y luego, cuando ocurre una tragedia, se emiten comunicados, se lamentan los hechos y se promete “reforzar la vigilancia”. Pero la prevención no se hace después del accidente. La prevención se hace antes, en la calle, con presencia, con autoridad y con decisión.
Algunos argumentan que no se detiene a los motociclistas por “no afectar a las familias”, por “no generar conflicto”, por “comprender la situación económica”. Pero ¿qué comprensión puede justificar poner en riesgo la vida de niños? ¿Qué sensibilidad social puede ser más importante que la integridad física de un menor? La verdadera irresponsabilidad no es aplicar la ley, sino permitir que se viole.
La motocicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo y transporte para muchas familias, y eso es comprensible. Pero precisamente por eso, su uso debe ser más seguro, no más peligroso. El casco no es un lujo, es una necesidad. No es un accesorio estético, es un dispositivo que salva vidas. Y llevar a niños en condiciones inseguras no es una muestra de amor, es una negligencia que puede tener consecuencias irreversibles.
La responsabilidad no es solo de quien conduce. Es también —y de manera muy directa— de las autoridades que permiten estas conductas. Cuando un ayudante municipal ve pasar una motocicleta con tres niños sin casco y no actúa, está validando ese riesgo. Cuando un agente de tránsito ignora una infracción flagrante, está fallando en su deber. Cuando los funcionarios de movilidad no diseñan ni ejecutan operativos efectivos, están renunciando a su responsabilidad institucional.
No basta con colocar letreros o emitir recomendaciones en redes sociales. La seguridad vial no se construye con likes, sino con acciones. Se construye con presencia en las calles, con sanciones claras, con campañas educativas permanentes y con un mensaje firme: la vida se protege, no se negocia.
Cada accidente evitable es una derrota del Estado. Cada niño lesionado por viajar sin protección es una falla del sistema. Cada motociclista que muere por no usar casco es una tragedia que pudo haberse prevenido. Y detrás de cada una de esas historias hay una cadena de omisiones que empieza, muchas veces, en la esquina donde nadie hizo nada.
La autoridad no está para ser espectadora. Está para actuar. Está para prevenir. Está para proteger. La omisión, en materia de seguridad vial, también mata. Y mientras no se asuma con seriedad esta responsabilidad, seguiremos contando accidentes que no debieron ocurrir y lamentando vidas que se pudieron salvar.
Es momento de que los ayudantes municipales, los funcionarios de movilidad, transporte y tránsito dejen de mirar hacia otro lado y asuman su papel. No se trata de recaudar multas, se trata de salvar vidas. Y eso, en cualquier gobierno que se diga responsable, debería ser una prioridad absoluta. ¿No cree usted?
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