Sheinbaum recorta pensiones de exfuncionarios.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado un ambicioso proyecto de reforma constitucional que promete transformar el panorama de las pensiones de los trabajadores públicos en México. Este anuncio, realizado el miércoles, se centra en reducir las elevadas jubilaciones que reciben algunos exfuncionarios, principalmente aquellos que ocuparon altos cargos en empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La presidenta ha subrayado que la reforma busca alcanzar “pensiones sin privilegios”, regulando las pensiones que, en algunos casos, superan los límites razonables.

La propuesta, que se someterá al Congreso este lunes, pretende limitar las pensiones a un máximo del 50% del salario presidencial, que bajo la administración de Sheinbaum es de 2.7 millones de pesos anuales. Actualmente, los exfuncionarios podían cobrar jubilaciones de hasta un millón de pesos mensuales, una cantidad que significa 12 millones anuales. Con esta medida, el ahorro previsto para las arcas públicas alcanzará los 5.000 millones de pesos al año, fondos que se destinarán a programas sociales.

La reforma afectará a organismos públicos descentralizados y empresas del Estado, así como a fideicomisos y entidades como el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Nacional Financiera (Nafin). Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha calificado algunas de estas pensiones como “exorbitantes”. Por ejemplo, en la extinta Luz y Fuerza del Centro, más de 3.500 jubilados reciben pensiones superiores al sueldo de la presidenta, con algunos de ellos percibiendo hasta 140 veces el promedio nacional de estas pensiones. En Pemex, 618 pensionados superan el salario estipulado para el director general, mientras que más de 1.000 exceden el límite salarial de la empresa. La CFE, por su parte, presenta 2.199 jubilados que reciben más que la presidenta, lo que supone una carga fiscal de 4.500 millones de pesos al año.

Sheinbaum ha aclarado que esta reforma no tendrá efecto retroactivo; aquellos que actualmente ganan un millón de pesos continuarán recibiendo esa cantidad. Sin embargo, si se aprueba la reforma, se aplicará una reducción a todas las pensiones activas en las empresas públicas. Es importante destacar que la presidenta explicó que esta medida no afectará a los trabajadores con contratos colectivos, asegurando que se centrará únicamente en los altos mandos de confianza que reciben estas exorbitantes pensiones con recursos públicos.

Esta iniciativa representa un intento significativo por parte del Gobierno para alinear las pensiones de altos cargos con la realidad económica del país, reflejando un esfuerzo por eliminar las desigualdades en el ámbito de las jubilaciones y destinar recursos a necesidades sociales más apremiantes.

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