El gobierno federal está dando un paso importante en su estrategia de finanzas sostenibles mediante la implementación del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible 2026, una directriz emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta actualización surge en respuesta a la creciente demanda del mercado por no solo emitir deuda “etiquetada”, sino también por asegurar trazabilidad en el gasto, alineación técnica y reportes consistentes que permitan una evaluación efectiva de resultados.
Desde 2018, México ha estado construyendo una conexión entre su Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporando la Agenda 2030 en su planeación nacional. Con este contexto, la Secretaría de Hacienda busca clarificar la relación entre presupuesto y metas a través de la identificación de Gastos Sostenibles Elegibles (GSE) dentro del PEF, asociándolos con emisiones de instrumentos sostenibles.
El diagnóstico de la situación actual resalta la necesidad de un financiamiento ampliado para acelerar el cumplimiento de los ODS, estableciendo que se requieren 13.6 billones de pesos entre 2023 y 2030, lo que se traduce en una movilización de 1.7 billones de pesos cada año. En este sentido, el nuevo marco tiene dos objetivos cruciales: diversificar el grupo de inversionistas y elevar los estándares de información para sostener la demanda a lo largo del tiempo.
La Taxonomía Sostenible de México se presenta como la herramienta clave para unificar criterios, definiéndola como un sistema de clasificación que identifica actividades económicas sostenibles. Esto no solo facilitará la canalización de inversiones, sino que también mejorará la comparabilidad de datos, reduciendo ambigüedades en la discusión sobre qué constituye una inversión “sostenible”.
Paralelamente, Hacienda ha declarado su alineación con estándares globales de mercado, como los Principios de Bonos Verdes y Sociales 2025, además de los principios de préstamos verdes y sociales. Con esto, el marco 2026 busca asegurarse de que la estructura financiera mexicana sea comparable a las expectativas de los inversionistas institucionales en otras jurisdicciones.
En términos operativos, el marco autoriza emisiones bajo etiquetas de ODS, verde, social y azul, además de incluir temáticas relacionadas con la transición, la naturaleza, la biodiversidad, la adaptación y la resiliencia climática. Este enfoque refleja una evolución en el financiamiento sostenible, que ahora abarca no solo esfuerzos de mitigación, sino también aspectos como la gestión de riesgos físicos y la conservación.
Uno de los elementos más importantes del nuevo marco es que el servicio de la deuda —tanto de capital como de intereses— no dependerá del desempeño de los GSE. Esta separación es crucial, ya que permite mantener la estructura tradicional de deuda pública, al tiempo que exige mayor transparencia sobre el uso de recursos.
Otro aspecto relevante es el criterio geoespacial que se incorporará para ciertos GSE, inyectando información territorial en la asignación de recursos hacia las regiones que enfrentan mayores brechas en el avance de los ODS. Esta medida busca visibilizar no solo el “qué”, sino también el “dónde” de la inversión.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda se compromete a ofrecer un reporte anual sobre la alineación de los GSE con la taxonomía establecida, utilizando un enfoque multinivel. Este procedimiento incluirá la evaluación del gasto y la publicación de los resultados cada año.
El marco 2026 también integra compromisos climáticos actualizados, como la reducción del 35% en emisiones para 2030 en comparación con una situación de “Business As Usual”, así como metas específicas en biodiversidad. Esto marca un cambio hacia una fase de “auditoría permanente” en el mercado sostenible, donde la asignación presupuestaria, la taxonomía, la territorialidad y el reporte anual se convierten en claves para el éxito.
Con este nuevo enfoque, el gobierno federal no solo busca cumplir con sus compromisos internacionales, sino también establecer un modelo más robusto para las finanzas sostenibles, que asegure el crecimiento y bienestar en el futuro.
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