La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha dado un paso significativo en la lucha contra la delincuencia organizada al bloquear las cuentas de siete individuos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción se lleva a cabo tras la colaboración de la UIF con el gobierno de Estados Unidos, reflejando un esfuerzo conjunto para desmantelar las redes de crimen organizado que operan en ambas naciones.
Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 personas, de las cuales cinco son individuos y 19 entidades, acusadas de participar en un fraude que emplea el esquema de “tiempos compartidos” y que está vinculado con las operaciones del CJNG. La investigación revela que la SHCP también agregó a su Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete más, haciendo eco de la necesidad de abordar las conexiones familiares y corporativas identificadas durante el análisis.
Uno de los principales objetivos de estas medidas es el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado cerca de Puerto Vallarta, un área de activa operación del CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos en México. La OFAC ha calificado al CJNG como un “cártel terrorista brutalmente violento”, que ha ampliado sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incursionando en fraudes relacionados con tiempos compartidos y robo de combustible. Estas actividades generan beneficios significativos, a menudo en detrimento de ciudadanos estadounidenses, siendo lo más preocupante que frecuentemente están dirigidas a personas mayores y vulnerables, quienes pueden llegar a perder sus ahorros de toda la vida.
Desde el 2012, el CJNG se ha adueñado de las estafas de tiempos compartidos en la región de Puerto Vallarta, utilizando llamadas desde centros en México, donde operadores de habla inglesa contactan a sus víctimas. En muchos casos, la información de los propietarios se obtiene de cómplices que actúan dentro de los propios complejos turísticos. Cuando los estafadores pueden establecer contacto, generalmente se presentan como corredores, abogados o representantes de ventas, exacerbando el peligro con ofertas de “salida” o “reventa” de tiempos compartidos.
Las víctimas son engañadas para que paguen anticipadamente “cuotas” o “impuestos” para liberar fondos que, en realidad, nunca llegarán. A menudo se les solicita realizar estos pagos a cuentas en bancos y casas de bolsa en México mediante transferencias internacionales. Tras este primer intento de fraude, las víctimas pueden ser revictimizadas por otros estafadores que se hacen pasar por abogados o funcionarios gubernamentales, haciéndose pasar por entes con la intención de recuperar los fondos perdidos o exigir multas, lo que añade una capa aún más intrincada a la estafa.
Esta situación resalta una preocupante tendencia de victimización hacia los estadounidenses por parte de cárteles de droga como el CJNG, cuyo impacto se ha sentido a lo largo de décadas. La lucha contra este tipo de fraude y la colaboración internacional son fundamentales para proteger a los ciudadanos y desmantelar las operaciones criminales que, lamentablemente, se han diversificado con el tiempo.
A medida que esta problemática sigue evolucionando, se espera que las autoridades continúen diligentemente sus esfuerzos para combatir esas redes criminales y prevenir el sufrimiento de víctimas inocentes, especialmente de aquellos que han trabajado toda su vida para disfrutar de sus ahorros.
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