En Morelos, como en el resto del país, obtener una licencia de conducir no es un lujo ni una concesión graciosa del gobierno: es un derecho administrativo que nos permite ejercer nuestra libertad de tránsito, trabajar, movernos y vivir con dignidad. Pero como todo derecho, viene acompañado de una obligación ineludible: la responsabilidad.
Hoy quiero hablar de ambos lados de la moneda, porque pareciera que en nuestra realidad solo se ha querido ver un solo lado.
Conducir un automóvil o una motocicleta no es un juego. Es operar una máquina que puede pesar más de una tonelada, circular a altas velocidades y compartir el espacio público con peatones, ciclistas, niños y adultos mayores. Basta un error, un segundo de distracción o una mala decisión para provocar daños irreparables. Por eso, en cualquier sociedad que se tome en serio la vida y la seguridad, la licencia de conducir no se regala: SE GANA.
El problema es que en Morelos esto no está ocurriendo.
Actualmente, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos exige únicamente un “examen” teórico, muchas veces superficial, predecible y carente de rigor. No hay una evaluación práctica real. No se verifica si la persona sabe frenar correctamente, respetar prioridades, reaccionar ante una emergencia o siquiera estacionarse. Mucho menos se evalúa la conciencia vial, el respeto al peatón o el conocimiento real del reglamento en la calle.
Así, las licencias se entregan a diestra y siniestra, como si fueran un trámite menor, cuando en realidad son una autorización para circular y poner en riesgo —o proteger— la vida propia y la ajena.
No se trata de quitar derechos, sino de ordenarlos. Nadie está pidiendo que se niegue la licencia de forma arbitraria, pero sí que se otorgue con seriedad. Que quien conduzca un automóvil o una motocicleta demuestre que sabe hacerlo y que entiende la enorme responsabilidad que esto implica.
Porque hoy las consecuencias están a la vista: accidentes viales diarios, motociclistas sin noción básica de seguridad, automovilistas que no respetan semáforos, sin pasos peatonales ni límites de velocidad. Y cada accidente no es solo una estadística: es una familia afectada, un hospital saturado, un juicio, una vida que cambia para siempre.
La responsabilidad no es solo del conductor, también es del Estado. Cuando una autoridad entrega una licencia sin evaluar correctamente, se vuelve corresponsable del caos vial. Regular no es molestar; regular es proteger.
En otros estados y países, obtener una licencia implica cursos obligatorios, exámenes prácticos supervisados, evaluaciones psicológicas básicas y periodos de prueba. Aquí no. Aquí basta con memorizar un cuestionario y pagar un derecho. Y luego nos preguntamos por qué las calles son tierra de nadie.
Desde esta columna, la exigencia es clara: — Exámenes prácticos reales, tanto para autos como para motocicletas. — Cursos de educación vial obligatorios. — Evaluaciones diferenciadas según el tipo de vehículo. — Renovaciones que no sean automáticas, sino responsables.
Esto no es un castigo al ciudadano; es una inversión en seguridad pública.
Conducir es un derecho, sí. Pero también es un privilegio que se sostiene en la responsabilidad individual y en la obligación del gobierno de hacer bien su trabajo. No podemos seguir normalizando que cualquiera maneje sin preparación, mientras las víctimas pagan el precio.
El orden no limita libertades: las garantiza. Y Morelos necesita, con urgencia, poner orden en sus licencias de manejo antes de que el desorden siga cobrando vidas.
Porque manejar no es solo llegar más rápido. Manejar es entender que, al tomar el volante o el manubrio, llevamos en las manos algo más que un vehículo: llevamos la responsabilidad de convivir y respetar la vida en el espacio público. Pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
Estoy de acuerdo con lo hablado en su columna, muy interesante plantear lo que es un derecho pero con responsabilidad.