Un juez federal en Estados Unidos ha dado un golpe contundente a la política de deportación acelerada implementada durante la administración del presidente Donald Trump. En una decisión emitida el miércoles, el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, dictaminó que esta medida, que permite deportar a migrantes a países diferentes al suyo sin una oportunidad significativa de expresar sus temores de persecución o tortura, es ilegal y debe ser derogada.
Este fallo es un hito en un caso que ha capturado la atención del Gobierno estadounidense y que, de acuerdo con las proyecciones, llegará eventualmente a la Corte Suprema. La sentencia establece que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe ser invalidada, aunque el juez suspendió la aplicación de su fallo por un período de 15 días. Este margen de tiempo permitirá al Gobierno presentar un recurso, considerando la “importancia y la historia inusual” del asunto.
La Corte Suprema, con una participación local, ya ha intervenido en este caso en dos ocasiones. Primero, levantó una orden judicial preliminar que había sido impuesta por Murphy en abril, para proteger los derechos de los migrantes en riesgo de ser deportados a terceros países, y posteriormente facilitó la deportación de ocho hombres a Sudán del Sur.
La sentencia del miércoles surge de una demanda colectiva que cuestiona la política del DHS, que fue documentada en un memorándum de marzo y en una guía posterior en julio. Esta política habilitaba la rápida deportación de migrantes a países a los que no se les había asignado previamente en sus órdenes de expulsión ni se habían mencionado durante sus procedimientos judiciales de inmigración.
Bajo esta normativa, los migrantes podían ser enviados a naciones como Sudán del Sur, Libia y El Salvador, siempre que las autoridades de inmigración contaran con garantías diplomáticas creíbles de que no enfrentarían persecución ni tortura en esos destinos, o si se les daba un aviso de tan solo seis horas antes de su deportación.
Los abogados del Departamento de Justicia defendieron que esta política cumplía con los requisitos de la ley de inmigración y las normas mínimas del debido proceso, asegurando que los migrantes podían expresar cualquier preocupación que pudieran tener respecto a su traslado a estos países.
Argumentaron que la identificación de países alternativos era esencial para la deportación de los migrantes a quienes se consideraba “los peores de los peores”, es decir, aquellos cuyos países de origen los rechazaban debido a delitos cometidos.
Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, dejando a muchos a la expectativa de cómo evolucionarán estos debates en la Corte Suprema y qué implicaciones tendrá esto para la comunidad migrante.
Actualización: La información corresponde al 2026-02-25 14:39:00.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
