Ivett Ördög se despertó con un angustioso grito la mañana del 16 de junio. “Ni siquiera tuve una pesadilla”, cuenta. Una votación del día anterior en su país le había devuelto los traumas que creía haber superado. El presidente húngaro, Viktor Orbán, había logrado que el Parlamento prohibiera por ley la difusión de cualquier contenido LGTBI+ (relativo a lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras minorías) allí donde pueda haber menores. Las ONG europeas denuncian un retroceso de las libertades LGTBI+ en la mitad oriental de Europa. ILGA-Europe, la organización en la que se integran decenas de ellas, ha urgido a las instituciones y los países de la UE a adoptar medidas para frenar “los crecientes ataques a los derechos” de esa comunidad. Su último análisis de la situación del colectivo país por país dibuja dos Europas.
Ördög ya no está en Budapest. Harta de tener que ser otra persona, hizo las maletas y se fue a Berlín el día que Orbán decidió poner fin al reconocimiento legal de las personas trans. En Alemania se siente segura. Pero esa mañana le vino a la cabeza ese clima asfixiante que dejó atrás. “Han igualado la pedofilia con ser homosexual o transgénero. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Tener que llevar algún tipo de identificación?”.
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En Berlín, cuenta Ördög, ha encontrado una comunidad LGTBI+ húngara que tomó la misma decisión que ella. “Se trasladaron aquí a lo largo de las diversas etapas de la pesadilla”, explica. Orbán lleva tres años promulgando leyes e imponiendo multas para borrar al colectivo de la esfera pública. El último golpe a esos ciudadanos ha soliviantado a la mayoría de sus socios europeos. Hasta 17 jefes de Estado y de gobierno se enfrentaron al líder húngaro para que retire esas leyes homófobas. Otros nueve, sin embargo, decidieron no estampar su firma en una carta promovida por España y Luxemburgo para reivindicar los derechos LGTBI+. Polonia, que también está desplegando su contrarreforma conservadora, cerró filas con Orbán. Pero también otros países de Europa del Este en los que los activistas a favor de los derechos civiles vienen expresando el temor que sigan los pasos de Budapest y Varsovia.
La ley de Orbán ha disparado las alarmas dentro del club comunitario por sus semejanzas con la norma aprobada en Moscú en 2013 que prohibía lo que el Kremlin consideraba “propaganda gay” en los ámbitos en los que hubiera menores. Human Rights Watch ha dado ya cuenta de los efectos perniciosos que ha tenido esa norma sobre los menores LGTBI+, que desde entonces padecen más agresiones y carecen del apoyo inclusivo que requieren en entornos hostiles. El politólogo belga y director ejecutivo de la ONG Forbidden Colours, Rémy Bonny, expone que “las disposiciones de Hungría son una copia de las de Rusia. Y van más allá de los medios de comunicación y las escuelas, puesto que prohíben difundir contenido LGTBI+ en todos aquellos lugares donde pueda haber menores. Eso puede significar desde cines o teatros a la propia calle”, explica.
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En ese diagnóstico coincide Bart Staszewski, un documentalista polaco de 30 años que afronta varias investigaciones policiales y judiciales por su activismo. “Orbán está haciendo un copiar y pegar de las leyes de Rusia y sigue los pasos que ha ido dando Polonia contra el colectivo”, sostiene. El último proyecto de Staszewski extendió a todo el continente el debate sobre el centenar de ayuntamientos que se declaraban “libres de ideología LGTBI”. El activista respondió con una acción que consistía en colocar carteles en la entrada del municipio con los mismos términos que empleaban los medios oficiales: Zona libre de LGTB. Esos letreros recorrieron todas las capitales. Desde entonces, en su correo electrónico acumula amenazas de todo tipo, también de muerte. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegó a acusarlo de difundir bulos. “Hay una campaña del odio contra mí. Pero voy a seguir, porque no estamos reclamando ningún privilegio. Estamos pidiendo igualdad, lo mismo que tiene el resto de los ciudadanos”, anuncia.
