Gobierno publica lista de exfuncionarios con pensiones altas.

La reciente publicación de la Secretaría Anticorrupción en México ha desatado un debate sobre las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios, revelando listas que incluyen a 99,557 beneficiarios, de los cuales 8,269 reciben más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Este informe, divulgado el 13 de marzo de 2026, sigue a la propuesta de la mandataria para limitar estas pensiones, con el objetivo de impulsar una reforma que reducirá el monto de jubilaciones a un máximo de aproximadamente 70,000 pesos mensuales, en función del salario presidencial.

Sheinbaum ha defendido esta iniciativa bajo el concepto de “pensiones sin privilegios”. En su exposición, destacó que las medidas impactarían en mayor medida a quienes desempeñaron altos cargos en empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Según el análisis divulgado, el 54.6% de los pensionados provienen de la CFE, sumando 54,391 exfuncionarios, de los cuales 2,739 perciben más que la presidenta. En el caso de Pemex, el 22.6% corresponde a 22,495 beneficiarios, entre los cuales se encuentra un ejemplo extremo que supera el millón de pesos mensuales.

Una cifra a tener en cuenta es que en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), disuelta en 2009, 13,490 extrabajadores representan el 13.5% del total de pensionados. Entre ellos, 4,828 reciben salarios superiores a los 300,000 pesos, y tres de estos llegan a rebasar el millon de pesos en jubilación mensual. La presidenta también ha señalado que la reducción de estas pensiones podría generar ahorros superiores a 5,000 millones de pesos anuales, que se destinarían a programas sociales.

El contraste es impactante: mientras los pensionados mencionados reciben más de 7,100 millones de pesos mensuales, el trabajador mexicano promedio apenas recibe cerca de 7,000 pesos mensuales, según datos del INEGI. Esta situación llama la atención sobre la desigualdad en el sistema de pensiones y la necesidad de una reforma adecuada.

La consejera jurídica del gobierno, Esthela Damián, enfatizó que la propuesta se basa en principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera, planteando una modificación al artículo 127 de la Constitución. Este cambio afectaría a futuras pensiones y a las ya otorgadas, generando un debate en el Senado que, aunque con apoyo de la oposición, enfrenta ciertos reparos.

El coordinador del PAN en la Cámara, Ricardo Anaya, expresó su apoyo a la eliminación de pensiones onerosas, pero también criticó el enfoque de la reforma. Argumentó que un tope basado en el salario presidencial podría generar inestabilidad, dependiendo de futuros ajustes al salario de la mandataria.

A medida que continúa el proceso de debate y discusión, la propuesta de Sheinbaum se presenta como un paso significativo hacia un sistema de pensiones más equitativo y menos cargado de privilegios. La atención se centrará en cómo se desarrollan estas reuniones en el Senado y en la respuesta de la ciudadanía ante una situación que afecta directamente a la justicia social y económica del país.

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