El debate en torno a la iniciativa presidencial de reforma electoral se intensifica en México, mientras se aproxima una crucial reunión que podría marcar el rumbo de la discusión. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, había convocado a los senadores para una reunión técnica el próximo lunes 23. Sin embargo, el Consejo General del INE ha optado por no participar, citando diferencias internas y compromisos institucionales como razones para su ausencia.
Este hecho ha elevado la preocupación sobre la potencial reprogramación de la reunión, dada la expiración del mandato de varios consejeros del INE, incluidos Dania Ravel, Claudia Beatriz Zavala y Jaime Rivera, quienes podrían no estar presentes si la reunión se lleva a cabo después del 4 de abril. La incertidumbre sobre sus relevos en la Cámara de Diputados también deja en suspenso la discusión, justo cuando la revisión técnica de los contenidos del “Plan B” se torna urgente.
Uno de los principales puntos de discordia es el umbral para determinar el número de integrantes de los cabildos, aunque el tema central, según el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, es la fecha para la celebración de la consulta revocatoria. Si esta se programara para el primer domingo de junio de 2027, el apoyo del partido laborista estaría en riesgo.
En un contexto donde el Palacio de Covián presenta diversas propuestas, el proceso legislativo no avanza de la misma manera. A un día de la sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se ha comunicado a los senadores que sus trabajos quedan suspendidos. Esto obedece a que el proyecto de dictamen ha entrado en una fase de revisión por aspectos técnicos.
El líder de la mayoría morenista en el Senado, Ignacio Mier, ha manifestado escasas probabilidades de que el dictamen sea votado en el Pleno esta semana, y los integrantes de las comisiones han admitido que el proceso podría extenderse hasta tres semanas. Hay un apremio por recolectar observaciones de gobernadores y consejeros del INE, las cuales deben llegar a la Cámara de Senadores antes de que termine la semana.
Con el reloj corriendo, el “Plan B” de la presidenta Sheinbaum, orientado a eliminar privilegios de la clase política y fortalecer la Revocación de Mandato, podría llegar al Pleno de la Cámara alta post Semana de Pascua. En la Cámara de Diputados, solo se contarían con dos semanas para abordar el dictamen y someterlo a votación.
Para que la reforma tenga efecto en las elecciones de 2027, debe ser aprobada por ambas cámaras federales y al menos 17 Congresos locales antes del primer domingo de junio. El tiempo es un factor crítico, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ha asegurado que no habrá un proceso acelerado en la dictaminación, enfatizando que se respetará el Reglamento Interno.
En un contexto de confrontación y exigencia, la incertidumbre persiste en torno a esta reforma electoral, que podría redefinir el panorama político del país. La afluencia de opiniones, los intereses en juego y un proceso legislativo que avanza lentamente crean una atmósfera de expectativa y preocupación para el futuro de la democracia en México.
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