La discusión y votación del denominado “plan B” de reforma constitucional en materia electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido pospuesta por la Cámara de Senadores para después de la Semana Santa. Originalmente, esta deliberación estaba programada para el día de mañana, pero se ha determinado que será trasladada al pleno el martes de la semana de Pascua, a más tardar, como confirmó Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP).
El aplazamiento se justifica por la necesidad de ajustes en la propuesta realizada por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, encargadas de realizar modificaciones de “técnica legislativa” a la iniciativa. Sin embargo, Mier Velasco dejó en claro que no se contempla modificar la parte relativa a la Revocación de Mandato del ejecutivo federal. Esta discusión se llevará a cabo en años posteriores al tercero o cuarto de ejercicio constitucional, según aclaró.
En cuanto a las modificaciones a la propuesta, se centran especialmente en el Artículo 115 de la Constitución, donde se planea establecer que los cabildos se integren por un máximo de 15 regidores. Este cambio busca conciliar las diferentes disposiciones en las leyes estatales, ya que algunos estados, como Veracruz y Tabasco, tienen leyes que especifican configuraciones más reducidas en cuanto a la cantidad de regidores y síndicos, que oscilan entre tres y cinco.
Para evitar cualquier conflicto con el federalismo y garantizar la autonomía municipal, Mier Velasco indicó que se está revisando minuciosamente el artículo transitorio. Se busca que la integración de los cuerpos colegiados no infrinja la supremacía constitucional, manteniendo un principio de austeridad y racionalidad que el gobierno pretende preservar.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, también subrayó la celeridad en la aprobación del dictamen correspondiente, asegurando que la reforma electoral entrará en vigor en 2027. Con esto, se evidencia el compromiso de los legisladores con un proceso electoral más eficiente y acorde a las necesidades actuales del país.
La expectativa se mantiene alta. Queda la incertidumbre sobre los resultados de las modificaciones y cómo estas influirán en la estructura electoral de México en los próximos años. La colaboración entre el gobierno federal y los estados es clave para garantizar que las reformas sean efectivas y respeten los principios democráticos establecidos en la Constitución.
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