En un firme llamado a la austeridad y a una democracia más participativa, la diputada Fabiola Alanís ha presentado una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional en Michoacán, cuyo objetivo es transformar el rol de las instituciones. Este proyecto se centra en devolver el poder al pueblo y eliminar los privilegios en el gobierno, respondando a una exigencia palpable de la ciudadanía: la necesidad de gobiernos más eficientes y representativos.
Acompañada por sus colegas, las diputadas Emma Rivera, y los diputados Iván Arévalo y Salvador Mendoza, Alanís enfatizó que esta reforma no solo es necesaria, sino urgente en un contexto donde la ciudadanía demanda instituciones más justas y cercanas. “Hoy vivimos un momento histórico en el que el pueblo exige instituciones más justas, más austeras y más cercanas. Esta reforma es para que el poder público deje de servirse a sí mismo y comience a servirle de verdad a la gente”, destacó.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la inclusión de la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo estatal. Este mecanismo permitirá que los ciudadanos puedan evaluar al gobernador o gobernadora en su tercer o cuarto año de gobierno, proporcionándoles una herramienta real para decidir si confían o no en su gestión. Alanís sostiene que “reconocer la revocación de mandato es reconocer que el pueblo manda”.
En términos de austeridad, la diputada fue categórica al señalar que en Michoacán no pueden coexistir un gobierno con privilegios y un pueblo en carencia. En línea con la frase de la Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que “no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”. Su iniciativa sugiere limitar el gasto público a un 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del estado, además de recortar gastos en logística y comunicación social.
Asimismo, plantea que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República, buscando alinear salarios en magistraturas y funcionariado a principios de austeridad republicana. “Se acabaron los sueldos excesivos y los privilegios disfrazados. El dinero del pueblo debe regresar al pueblo, no quedarse en la burocracia”, enfatizó Alanís.
Entre las propuestas adicionales, se encuentra la regulación del crecimiento del gasto en servicios personales y la prohibición de bonos o gratificaciones extraordinarias al finalizar sus cargos. En el ámbito municipal, se sugiere limitar el número de sindicaturas y regidurías, con el fin de hacer a los gobiernos locales más eficientes y menos costosos.
La reforma también dispone que todos los recursos ahorrados sean exclusivamente destinados a proyectos de infraestructura básica en las comunidades, garantizando que los beneficios sean tangibles para la ciudadanía.
Alanís resaltó que esta transformación política marca una clara división entre quienes están en sintonía con el pueblo y quienes buscan perpetuar los privilegios del pasado. “Quien se oponga a la revocación de mandato, se opone a la democracia. Quien se oponga a la austeridad, se opone a la justicia social”, señaló con firmeza.
Finalmente, reiteró que la Cuarta Transformación avanza con el apoyo de la ciudadanía hacia un modelo de gobierno que sea honesto, austero y verdaderamente democrático. Con un claro mensaje sobre el poder del pueblo, concluyó: “La transformación es inevitable, porque nace del pueblo. Y tarde o temprano, esa voluntad quedará plasmada en nuestra Constitución”.
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