A pesar de que los estados mexicanos mostraron una sostenibilidad financiera al cierre del año pasado, la forma en que manejaron su deuda es motivo de preocupación. En los primeros meses de 2026, la deuda contraída se orientó mayoritariamente a “pagar deuda con más deuda”, en lugar de fomentar inversiones que generen crecimiento a largo plazo.
Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2025 y el inicio de 2026, los estados y municipios contrajeron financiamientos por un total de 139,748 millones de pesos. Este monto representa más de 100% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, ¿cuál fue el uso real de estos recursos?
De la cantidad total, solo 15.1% se destinó a inversión pública productiva. Esto significa que, de cada 100 pesos de deuda contratados, solo 15.1 pesos se utilizaron para actividades que propician beneficios sociales, como la mejora de infraestructura pública o la adquisición de bienes para servicios específicos. Aunque el porcentaje ha aumentado en comparación con el 2024—donde apenas fue 2.8%—sigue siendo insuficiente para impulsar el desarrollo económico de las entidades subnacionales.
El mayor destino de los nuevos financiamientos se dirigió a refinanciamiento, alcanzando un 50.3%. Esta estrategia, que implica adquirir nuevas deudas para salir de las viejas, busca obtener condiciones de mercado más favorables, como tasas de interés reducidas y plazos de pago más largos. Además, un 28.4% se utilizó para cubrir insuficiencias temporales de liquidez que deben liquidarse en menos de un año.
Entre las entidades con los mayores montos de deuda contratados sobresalen Nuevo León, Jalisco y Chiapas, con 25,340, 24,692 y 18,545 millones de pesos respectivamente. En total, 19 entidades se unieron a esta práctica, siendo los gobiernos estatales responsables del 91.5% de la deuda.
El caso de Nuevo León resulta ilustrativo. Allí, la distribución de la deuda contratada fue relativamente equilibrada: 38.1% se utilizó para cubrir insuficiencias temporales, 31.6% para inversión pública productiva y 30.3% para refinanciamiento. Por el contrario, en Jalisco y Chiapas, la totalidad de la deuda contratada se orientó al refinanciamiento.
Mientras tanto, los municipios mostraron un comportamiento distinto, al destinar el 58.8% de su deuda a inversión pública productiva, lo que podría indicar una priorización de desarrollo a largo plazo frente a la estabilidad financiera a corto plazo.
Este patrón de comportamiento evidencia que muchos gobiernos estatales parecen dar prioridad a la estabilidad financiera inmediata, en detrimento de inversiones que podrían beneficiar a la población en el futuro. Sin aprovechar su capacidad de endeudamiento para estimular proyectos productivos, pueden enfrentar consecuencias negativas en su crecimiento económico y el bienestar de sus habitantes.
La situación actual demanda una reflexión seria sobre las decisiones financieras de los gobiernos subnacionales, que deben encontrar un equilibrio entre manejar eficientemente su deuda y fomentar un entorno de inversión saludable que impulse el desarrollo sostenible de sus comunidades.
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