El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha anunciado que la minuta que propone reformas a la Constitución, conocida como “plan B”, se discutirá y votará en el pleno durante la sesión ordinaria programada para mañana. Esta iniciativa busca reducir privilegios, redefinir la estructura de los ayuntamientos y limitar el presupuesto de los Congresos locales.
La modificación se centrará en tres artículos específicos: 115, 116 y 134 de la Constitución. Monreal, quien también es el líder del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que se espera que la minuta, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, pase sin modificaciones. Una vez aprobada, el decreto será enviado a las legislaturas estatales para su aprobación o rechazo.
La nueva redacción del Artículo 115 propone que los ayuntamientos estarán formados por un presidente, una sindicatura y hasta 15 regidurías, todo ello siguiendo principios de paridad de género y promoción de la igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público municipal. Este enfoque busca fomentar una mayor representación y empoderamiento de mujeres en la política local.
El Artículo 116, por su parte, establece que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos del estado correspondiente. Esta medida tiene como objetivo contener los gastos de las instituciones legislativas a nivel estatal, promoviendo una mayor responsabilidad fiscal.
Finalmente, la adición del Artículo 134 limita las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, así como de otros altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos similares. Según la disposición, estos salarios no deberán superar el límite estipulado en el Artículo 127 de la Constitución y se prohíbe que estos funcionarios adquieran seguros de gastos médicos o de vida con recursos públicos que no estén claramente autorizados por la ley.
Estos cambios reflejan un esfuerzo por redefinir el marco político y financiero que rige la actividad de los gobernantes y los funcionarios públicos en México. Sin embargo, en la encrucijada se encuentra la necesidad de alcanzar la mayoría tanto en el Congreso de la Unión como en al menos 17 de los 32 congresos estatales para que estas reformas entren en vigor.
La jornada de mañana será crucial para el futuro de estas propuestas, que buscan no solo redefinir los roles de los funcionarios, sino también sentar las bases para una política más inclusiva y responsable en el país.
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