La reciente controversia en torno al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha puesto de manifiesto tensiones entre la administración mexicana y este organismo internacional. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, criticó duramente el informe, argumentando que el Comité no es parte de la ONU, una afirmación que ha sido desafiada por Juan Pablo Albán, presidente del CED. Albán califica como “cuestionable” la descalificación hecha por la mandataria, subrayando que los órganos de tratado, como el CED, forman parte integral del Sistema de las Naciones Unidas.
El CED emitió un informe que afirma que en México se siguen cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada, lo cual podría constituir crímenes de lesa humanidad. Según datos presentados, hasta el 19 de febrero de 2026, más de 132,400 personas han sido oficialmente reportadas como desaparecidas, con un aumento constante que evidencia la magnitud del problema. La falta de una tendencia a la baja en estas cifras es alarmante, lo que resalta la seriedad de la situación en el país.
Albán defendió la labor del Comité, explicando que su decisión no se limita a un periodo cerrado, sino que representa un análisis en curso basado en interacciones sostenidas con el Estado desde 2012. Este tipo de diálogo, señala, es esencial para fortalecer la cooperación internacional y abordar la grave crisis de desapariciones que afecta a miles de familias en México.
El presidente del CED enfatizó que, aunque las diferencias de opinión son legítimas, es crucial mantener un respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos. Esto se considera fundamental no solo para garantizar la integridad de estos mecanismos, sino también para avanzar en objetivos compartidos: prevenir las desapariciones, buscar a las víctimas y erradicar este fenómeno que ha causado tanto sufrimiento.
Queda claro que, para abordar este desafío, se requiere un esfuerzo conjunto que trascienda las diferencias políticas. El compromiso de todos los actores implicados es esencial para asegurar que la dignidad y los derechos de las personas desaparecidas y sus familias sean protegidos, y para avanzar hacia un México donde tales violaciones no sean la norma.
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