El Congreso del Estado de México ha dado un paso significativo hacia la mejora de la seguridad pública y la justicia con la reciente aprobación de reformas orientadas a combatir la extorsión y proteger a las víctimas de delitos. Estas modificaciones, que se firmaron el 13 de abril de 2026, marcan un punto de inflexión en la lucha contra problemas que afectan a los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere al llamado “cobro de piso”.
Esta nueva legislación se centra en la prevención y sanción de la extorsión, un delito que ha crecido y perjudicado a comerciantes y otras personas vulnerables. Con esta reforma, el proceso de persecución de este tipo de crimen se establece de oficio, lo que implica que las autoridades pueden actuar sin que una víctima lo solicite explícitamente. Además, se deroga el delito de extorsión del Código Penal estatal ya que está abarcado por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que define claramente sus sanciones.
Una de las innovaciones más notables es la implementación de medidas en los centros penitenciarios. Se prevé la instalación de tecnología que impida el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos, mitigando así la capacidad de los delincuentes para coordinar actividades delictivas desde la prisión.
Las reformas no solo se centran en la extorsión, sino que también amplían el marco constitucional, permitiendo a la Secretaría de Seguridad y a las distintas corporaciones policiales participar activamente en la investigación de delitos, siempre bajo la dirección del Ministerio Público. Esto busca agilizar los procesos y mejorar la coordinación entre las diversas instancias de justicia.
En el ámbito judicial, se incorpora la figura de nulidad de juicio concluido, que permite invalidar decisiones basadas en fraudes o pruebas falsas. Asimismo, los tribunales de alzada, integrados por un solo magistrado, se han reconocido, lo cual favorece una mayor rapidez en la resolución de casos.
Se ha hecho un esfuerzo particular por fortalecer la protección de las víctimas. Se ha creado el Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), especializado en emitir órdenes de protección para situaciones de violencia de género. Se reconoce también la violencia vicaria y la violencia digital, con sanciones que pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.
Estas reformas, pensadas para crear un entorno más seguro y justo, contemplan medidas urgentes para la protección de víctimas y refuerzan la colaboración de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas. Con estas iniciativas, el Estado de México espera ofrecer un marco más robusto para la justicia, atendiendo así a necesidades urgentes de su población y proyectando un futuro más prometedor en la lucha contra la criminalidad.
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