La presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado un punto de inflexión en la política energética de México, al presentar un comité técnico-científico compuesto por destacados expertos de instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM. Su misión: evaluar en un plazo de dos meses si el país puede avanzar en la explotación de gas no convencional, específicamente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, utilizando un enfoque de fracking “de bajo impacto”. La decisión de este comité podría definir una de las propuestas más controversiales de la administración, en un contexto donde la extracción de este recurso ha sido evitada por preocupaciones ambientales.
El hecho de que México dependa en un 99% de las importaciones para satisfacer su demanda de gas natural, mayormente de Texas, resalta una vulnerabilidad estratégica que no se puede ignorar. Esta dependencia ha llevado a situaciones críticas, como la tormenta Uri en 2021, que dejó a millones de mexicanos sin electricidad debido a que Texas priorizó su consumo interno, causando apagones y costos millonarios. Además, la inestabilidad geopolítica actual, especialmente la situación en Medio Oriente y los problemas en el estrecho de Ormuz, han inyectado aún más volatilidad en los precios del gas.
Para afrontar este desafío, el gobierno ha delineado tres líneas de acción. La primera se centra en la eficiencia energética: la modernización de infraestructuras, el cambio a luminarias LED y la reducción de pérdidas en las redes podrían llevar a una disminución del 15% en el consumo de gas en un período relativamente corto. La segunda estrategia busca aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, con el objetivo de que el 38% de la producción eléctrica provenga de estas fuentes para 2030, combinando energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
La tercera línea de acción, y la más polémica, implica la extracción de gas no convencional mediante métodos de fracking “de bajo impacto”, utilizando dióxido de carbono o nitrógeno en lugar de agua, y reciclaje de un porcentaje significativo del líquido. Sin embargo, esta técnica no está exenta de riesgos; los críticos señalan los problemas de emisiones de metano, posibles temblores inducidos y consecuencias negativas para las comunidades locales y el medio ambiente.
La decisión del comité puede ir en dirección a recomendar el uso de fracking o sugerir que los recursos se redirijan hacia la mejora de la eficiencia y el fomento de energías renovables. La respuesta más pragmática, argumentan algunos, es que, dado que México aún no cuenta con la capacidad renovable necesaria para sustituir el gas importado, la explotación de sus yacimientos de gas no convencional es una opción que no debe descartarse, siempre que se implementen controles ambientales estrictos. Esta estrategia, sin embargo, debe concebirse como una solución transitoria, mientras el país se encamina hacia un futuro energético más sostenible.
La situación energética mexicana es crítica y la complejidad del contexto global no proporciona un margen de maniobra. Mientras se busca mayor soberanía energética, la balanza entre aprovechar recursos propios y cuidar el medio ambiente continúa siendo un tema de debate intenso.
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