El reciente anuncio del gobierno de José Antonio Kast ha reavivado la preocupación entre los estudiantes chilenos respecto a la gratuidad universitaria. En una rueda de prensa del 16 de abril de 2026, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que se impondrían nuevas restricciones a este beneficio, el cual ha sido fundamental desde su reinstitución en 2016, tras 35 años de lucha social.
La propuesta establece que solo los estudiantes que egresen de la educación secundaria en un plazo de 12 años podrán acceder a la gratuidad. Esto significa que aquellos que superen los 30 años quedarían excluidos del sistema, considerando que la mayoría de los jóvenes finalizan su educación secundaria a los 18. Esta medida afecta a un estimado de 615,000 estudiantes, prácticamente la mitad de la matrícula de educación superior en Chile, según cifras del Ministerio de Educación.
Kast, quien asumió el cargo el 11 de marzo, ha dejado claro que su administración se enfoca en reducir el gasto público, dado que los costos de la gratuidad universitaria han superado las expectativas iniciales. Durante su discurso, el presidente no mencionó esta controvertida restricción, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su disposición para abordar las necesidades de la juventud.
El proyecto legislativo, que incluye más de 40 medidas destinadas a revitalizar la economía, contempla también una reducción significativa en el impuesto a las empresas, así como incentivos fiscales para la repatriación de capitales y una disminución temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas. Además, se propone aumentar los incentivos para el retiro de empleados públicos, en un esfuerzo por equilibrar las cuentas fiscales deterioradas en la última década.
Kast ha expresado su ambición de hacer caer el desempleo al 6.5% para finales de su mandato en 2030, con una expectativa de crecimiento económico de alrededor del 4% anual. Sin embargo, la aceptación de las medidas anunciadas por la oposición de izquierda es incierta, lo que podría complicar la implementación de su agenda.
El impacto de estas modificaciones podría ser profundo en el tejido social y educativo del país, un terreno que ha sido históricamente frágil y donde la gratuidad universitaria ha sido vista como un triunfo de las protestas estudiantiles que marcaron la última década. Con la mirada atenta de la sociedad, el futuro de la educación superior en Chile se encuentra en una encrucijada, y la respuesta a estas reformas podría cambiar la trayectoria de miles de jóvenes en su búsqueda de acceso a la educación superior.
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