El escenario electoral en Perú ha tomado un giro significativo tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que el pasado 24 de abril de 2026, rechazó la posibilidad de realizar comicios complementarios en Lima. Esta determinación se produce en medio de las irregularidades reportadas durante el proceso electoral del 12 de abril, donde el balotaje presidencial ya está fijado para el 7 de junio.
El exalcalde de Lima y candidato ultraconservador, Rafael López Aliaga, se ha mostrado vehemente en su solicitud de una nueva elección en la capital, sustentando su petición en que múltiples problemas en las mesas de votación impidieron que miles de sus seguidores ejercieran su derecho al voto. El JNE, tras un exhaustivo análisis técnico y jurídico, declaró por unanimidad que las elecciones complementarias son inviables, generando un gran debate en el país.
De acuerdo con el JNE, retrasos en la distribución del material electoral afectaron a más de 50,000 votantes, lo que obligó a extender la jornada electoral un día adicional. López Aliaga, en una conferencia de prensa posterior, cuestionó la legitimidad del proceso, instando al presidente del JNE, Roberto Burneo, a anular 4,500 actas que, según afirma, podrían representar más de un millón de votos.
Las palabras de Aliaga resonaron fuertemente en la opinión pública: “En Perú nos ha pasado algo que ya en Venezuela se ha hecho varias veces… El proceso está herido de muerte.” Este comentario subraya un clima de incertidumbre y desconfianza que amenaza con empañar el proceso electoral, especialmente en un país donde la política ha sido históricamente tumultuosa.
La situación se complica aún más con la reciente renuncia de Piero Corvetto, exjefe de la entidad electoral, quien fue hallado en medio de una pesquisa por presunta colusión en el manejo de los comicios. Este escándalo ha provocado un llamado de atención adicional sobre la gestión electoral, justo cuando se espera la definición del rival de la candidata derechista Keiko Fujimori en el balotaje, quien ya tiene su lugar asegurado.
Con el 95% de los votos procesados, la contienda por el segundo puesto entre Roberto Sánchez y López Aliaga sigue siendo reñida, con una distancia de apenas 20,000 sufragios en favor del izquierdista radical. Según Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE, la fecha de la segunda vuelta está confirmada a través de un Decreto Supremo y se ha establecido un cronograma que busca cumplir con este compromiso.
A pesar de los “graves fallos” mencionados por una misión de observación de la Unión Europea, esta no encontró evidencias de fraude, lo que deja abierta la pregunta sobre la transparencia y justicia del actual proceso electoral. La tensión prevalece en el aire mientras el país se prepara para definir su futuro político a corto plazo, todo mientras las voces disidentes continúan cuestionando la integridad del sistema.
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