Un año sin Marco Suástegui, rebelde contra extorsiones en Acapulco.

El 18 de abril de 2025, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte de la playa Icacos en Acapulco, un violento ataque puso fin a la vida de Marco Antonio Suástegui. Este líder social, conocido por su lucha en la defensa del territorio y los derechos de los trabajadores turísticos, fue agredido a balazos en un incidente que resonaría en la consciencia de la sociedad mexicana. Tras una complicada cirugía y días en cuidados intensivos, sucumbió a sus heridas, dejando tras de sí un rastro de preguntas aún sin respuesta.

Suástegui, un defensor ambiental con más de dos décadas de activismo, había sido objetivo de amenazas de muerte previas al ataque. Meses después, el presunto autor material del crimen fue arrestado, aunque no por el asesinato, sino por un delito de narcotráfico. Su detención fue efímera; las autoridades decidieron liberarlo poco después, lo que ejemplifica la impunidad que rodea este caso. La investigación, bajo la responsabilidad de la Fiscalía estatal, se ha visto sumida en la inacción, arrastrando incógnitas sobre el motivo detrás de un crimen que refiere a un contexto de violencia contra quienes se resisten a la tiranía del crimen organizado.

Suástegui había sido un personaje central en la resistencia contra la construcción de la presa La Parota, un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con desplazar a miles de personas en su comunidad. Este conflicto no solo evidenció su valentía, sino también la brutal realidad que enfrentan los defensores campesinos y sociales en Guerrero, un estado marcado por la omnipresencia de grupos delictivos. Además, su activismo no se limitó a causas ambientales; también luchó incansablemente por los derechos de sus colegas en el sector turístico, donde la corrupción y la extorsión son prácticas comunes.

La presión ejercida por el crimen organizado también se hizo evidente en el caso de Vicente, su hermano, quien desapareció en 2021. Aún hay cuatro imputados en su caso, pero el principal sospechoso, Pedro Santos Cruz, conocido como el comandante Pino y líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), permanece en libertad. Para familiares y defensores, la integración de esta organización en redes criminales ha sembrado la desesperación.

Su muerte simboliza un patrón doloroso en México, donde la lucha por la justicia a menudo se encuentra con una pared de indiferencia institucional. Aunque la semana santa estaba en pleno apogeo y miles de elementos de seguridad estaban desplegados, ninguna autoridad se presentó para socorrer a Suástegui tras el ataque. Su familia, desesperada, lo trasladó en una camioneta al hospital, lo que refleja la falta de atención y recursos ante el crimen.

A medida que se cumple un año de su asesinato, las irregularidades en la investigación son evidentes. Desde la falta de recolección de pruebas en la escena del crimen hasta la omisión de grabaciones clave, las autoridades parecen estar sumidas en una apatía institucional hacia la violencia contra defensores de derechos humanos. Esta situación es solo un indicio de un problema más profundo en la relación entre el poder estatal y la criminalidad organizada en México.

Marco Suástegui fue un pilar de la lucha por los derechos en Guerrero, y su legado perdura entre quienes siguen batallando por un mundo más justo. Mientras su familia y sus seguidores exigen justicia, en la playa Icacos, la impunidad continúa brillando tan intensamente como el sol del último atardecer que él presenció, dejando en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en un entorno repleto de desafíos.

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