Fallas en el camino

La reciente revelación del INEGI sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2026 ha encendido alarmas en el ámbito económico. Con un descenso del 0.8% respecto al cuarto trimestre de 2025 y un crecimiento mínimo de solo 0.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, México se enfrenta a un estancamiento preocupante que se ha consolidado desde que la actual administración asumió el poder en 2018. Este contexto evoca una profunda reflexión sobre las decisiones políticas que han marcado el rumbo económico del país.

Desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2026, el PIB ha acumulado un crecimiento de apenas 5.3%, lo que equivale a un promedio trimestral de solo 0.18%. A lo largo de estos más de siete años, el crecimiento anual promedio se sitúa en un modesto 0.75%, contrastando de manera alarmante con las cifras del período “neoliberal” que tanto se criticara en su momento.

Este panorama de débil crecimiento se atribuye a una serie de decisiones erróneas en la política económica. La anulación del aeropuerto en Texcoco en 2018 simbolizó un cambio de rumbo decisivo, no solo por su impacto inmediato en la inversión, sino también por la incertidumbre que generó en los inversionistas nacionales y extranjeros. Se emitió una señal dañina que disminuyó la confianza en el Estado de derecho y la certidumbre jurídica, factores imprescindibles para fomentar el crecimiento económico.

Adicionalmente, la falta de una política fiscal contracíclica efectiva durante la pandemia de COVID-19 exacerbó la situación. Mientras otros países implementaron medidas para mitigar los efectos negativos, México sufrió una contracción del PIB del 8.2%, una caída significativamente mayor que la experimentada por Estados Unidos. Esto no solo provocó un aumento alarmante en la tasa de desempleo, sino que también dejó un lastre devastador en el tejido empresarial del país.

El manejo de la política salarial también ha sido cuestionado. Si bien las reformas al salario mínimo desde 2018 fueron vistas como un avance, los aumentos recientes en 2025 y 2026, en un entorno de escaso crecimiento económico, han tenido efectos adversos. La generación de empleo formal se ha visto perjudicada y se ha incentivado a muchos trabajadores a migrar a la informalidad, erosionando aún más la base laboral del país.

A lo anterior se suma la controvertida decisión de indexar los aumentos salariales a la inflación, un paso que, según analistas, introduce rigidez al sistema económico y complica aún más la respuesta a eventuales choques negativos.

En el sector eléctrico, la falta de inversión en infraestructura y un enfoque hostil hacia la iniciativa privada en energías renovables ha limitado el acceso a energía competitiva y confiable, lo que, a su vez, afecta las decisiones de inversión futura.

Finalmente, la erosión del Estado de derecho y el debilitamiento institucional representan quizás el mayor desafío a largo plazo. La extinción de organismos autónomos y la pérdida de independencia judicial significan un entorno altamente inestable para los negocios, garantizando que el crecimiento futuro siga siendo insuficiente.

Las cifras actuales indican una situación crítica que demandará una reconsideración profunda de la estrategia económica del país si se busca revertir esta tendencia de estancamiento y poner a México en un camino hacia un futuro más próspero. En un contexto donde el tiempo apremia, el reto es monumental y las oportunidades, escasas. La economía mexicana necesita urgentemente un nuevo rumbo que promueva la inversión, la creación de empleo y, en última instancia, el bienestar de todos los ciudadanos.

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