El miércoles pasado, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentó acusaciones contra figuras prominentes en la política de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. También se encuentran implicados un vicefiscal, dos exjefes policiales, un exsecretario de Seguridad, un exsubdirector y dos comandantes. Los cargos son graves: conspiración para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas en Estados Unidos, así como posesión de armas y explosivos. Las penas oscilan entre 40 años y la posibilidad de cadena perpetua.
El indictment incluye documentos que revelan un cuadro aterrador de corrupción. Se mencionan listas manuscritas de sobornos y encuentros entre Rocha y miembros de Los Chapitos, así como eventos donde se saboteaban redadas a laboratorios por funcionarios corruptos. Además, se detalla el secuestro y asesinato en octubre de 2023 de una fuente confidencial de la DEA y de su familia, incluyendo a un menor de edad, lo que añade una dimensión trágica a las acusaciones.
Sin embargo, el cómplice legal entre México y Estados Unidos plantea un contratiempo para la acusación. En México, un indictment no tiene valor probatorio, y la ley exige que cualquier solicitud de detención esté respaldada por pruebas concretas. La Fiscalía General de la República (FGR) de México argumentó que los documentos enviados por el SDNY carecen de la evidencia necesaria que justifique la “urgencia de la detención provisional”. Aunque el Artículo 11 del Tratado de Extradición permite solicitudes basadas en acusaciones, el Artículo 10 exige el paquete completo de pruebas, que hasta el momento no ha sido entregado.
La singularidad de este caso radica en que involucra a un gobernador en funciones, un senador con fuero y otros funcionarios activos o recientemente en el cargo, muchos de ellos pertenecientes a Morena. Ante esto, Rocha solicitó una licencia temporal, que fue aprobada por el Congreso de Sinaloa, y se designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina. Mientras tanto, Rocha afirma que demostrará su inocencia, un proceso complicado ya que la carga de la prueba recae en quienes acusan.
El alcalde Gámez también ha solicitado licencia, mientras que Inzunza ha optado por permanecer en su puesto, aunque hay rumores de que sus abogados buscan negociar su cooperación con el SDNY para obtener algún tipo de inmunidad.
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha mostrado un enfoque cauteloso ante esta crisis, mientras la FGR ha actuado en respuesta a la acusación inicial. No obstante, la memoria de casos previos, como el del general Salvador Cienfuegos, quien fue acusado en 2020 por el SDNY de vínculos con el narcotráfico, siembra dudas sobre la capacidad de la FGR para llevar a cabo una investigación rigurosa. Al ser Cienfuegos devuelto a México y rápidamente absuelto en un proceso poco convincente, la desconfianza respecto a la actuación de la justicia persiste.
Sheinbaum ha garantizado que no protegerá a nadie culpable de delitos, pero el verdadero reto radica en ver si la FGR llevará a cabo una investigación profunda y sin sesgos, a la altura de las expectativas que hay ahora en torno a esta compleja situación. Es un momento crítico para la política mexicana y para los mecanismos de justicia que enfrentan la creciente sombra del narcotráfico y la corrupción.
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